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La propuesta de recortar el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentada por el senador Enrique Gómez de Salvación Nacional y respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, desató una acalorada discusión en el Congreso colombiano. Este polémico debate involucra no solo a las bancadas de gobierno y oposición, sino también a Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien se ha manifestado frente a las consecuencias que implicaría la reducción de los recursos asignados a la entidad.
Desde los sectores afines al gobierno, argumentos como los de la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) insisten en que la JEP maneja un “fortín burocrático” y que el recorte de COP 100.000 millones no afectaría su funcionamiento, demandando mayor transparencia en el uso del presupuesto. Según Posada, la entidad no ha rendido cuentas claras sobre el destino de los recursos recibidos durante siete años, y considera que la JEP “quiere seguir siendo ajena a la compleja realidad fiscal del país”. Coincidiendo con esta visión, la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional) criticó que Ramelli acudiera a la Corte Penal Internacional (CPI), acusando su petición de fondos adicionales como injustificada dada la supuesta baja productividad del tribunal.
El representante Daniel Briceño (Centro Democrático) cuestionó la intervención de la CPI, asegurando que la JEP puede operar con menos presupuesto si ajusta sus gastos y se muestra eficiente. A su juicio, el organismo debe rendir cuentas ante el país, sobre todo a las víctimas.
Desde la oposición, la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) advirtió que el ajuste busca asfixiar a la JEP para frenar investigaciones sensibles, sugiriendo que existe interés en silenciar la verdad sobre quienes financiaron o apoyaron el conflicto armado. Aida Quilcué, también del Pacto Histórico, defendió el papel de la JEP como pilar del Acuerdo de Paz, resaltando los resultados hasta 2025: más de 11.700 comparecientes, 14.260 víctimas acreditadas y 338 imputaciones contra responsables. Ambos sectores coincidieron en que un posible recorte presupuestal pondría en riesgo este avance y significaría un revés para las víctimas.
La postura oficialista, expresada por De la Espriella, subraya que el presupuesto debe definirse según los recursos disponibles y no simplemente por las solicitudes de la entidad. No obstante, Ramelli insiste en que el recorte afectaría la autonomía de la JEP y significaría un incumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia, haciendo énfasis en el impacto real que la desfinanciación representa.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal a la JEP en el cumplimiento del Acuerdo de Paz?
De acuerdo con declaraciones de Alejandro Ramelli y representantes de la oposición, el recorte presupuestal podría poner en riesgo la autonomía e independencia de la JEP y amenazar los derechos de las víctimas y comparecientes. También se argumenta que podría implicar un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, afectando los avances logrados en justicia y verdad tras el conflicto armado.
¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es clave para las víctimas del conflicto en Colombia?
Según datos compartidos por la representante Aida Quilcué, la JEP ha acreditado más de 14.000 víctimas y ha tramitado miles de comparecencias e imputaciones contra máximos responsables. La existencia de este tribunal es presentada como una garantía para acceder a verdad, justicia y reparación, elementos fundamentales para el restablecimiento de los derechos de quienes sufrieron el conflicto en Colombia.
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