La entidad estatal “conoció información sobre 114 casos de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desde marzo de 2020“, según un comunicado.

“Esta cifra es sólo una muestra del fenómeno, que presenta un claro subregistro, dado que este crimen contra la niñez no se denuncia porque las familias tienen temor a las represalias de los grupos armados ilegales”, agrega el texto.

Según la Defensoría, la mayoría (83 %) de las 114 víctimas vivía en zonas rurales. El 20 % eran indígenas y el 4 %, negros.

“Estado, familia y sociedad debemos asumir el compromiso de evitar que sigan siendo víctimas de los violentos y particularmente del reclutamiento, que es una de las más aberrantes conductas que se cometen contra la infancia de nuestro país”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en el comunicado.

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Los principales responsables son disidentes de las Farc (68,3 %), el Eln (6,5 %) y herederos de los grupos paramilitares que se desmovilizaron en 2006 (4,7 %).

Los comandantes de las Farc son investigados por la JEP por haber enrolado a más de 19.000 menores en sus cinco décadas de levantamiento armado.

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