Uno de los argumentos de Salvatore Mancuso, hoy con 56 años de edad, es que al regresar al país su vida correría peligro, pues recientemente le envió una carta al exministro y gestor de paz Álvaro Leyva Durán, en la que hace revelaciones sobre supuestas alianzas de políticos y grupos paramilitares, particularmente de personas del entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Es por eso que Mancuso, detenido en una cárcel en el condado de Irwin (Georgia) luego de cumplir una condena por narcotráfico, se aferra a que la justicia norteamericana lo deporte a Italia, ya que también tiene ciudadanía de ese país.

El exjefe paramilitar, que comandó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que se desmovilizó en 2005, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 durante el gobierno del expresidente Uribe, y por eso en su carta asegura que “el país merece la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto armado interno”, y hasta se muestra dispuesto a “comparecer ante la Comisión de la Verdad” para contar, según él, los hechos más escabrosos que se vivieron durante el largo episodio de violencia paramilitar.

Además de Uribe, ¿a cuáles políticos vincula Mancuso con paramilitares?

Mancuso hace referencia en su carta a supuestas “alianzas” criminales entre funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y grupos armados, y es allí en donde menciona al exvicepresidente Francisco Santos.

“Colombia ya sabe lo que me ocurrió: como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté cómo colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador en Estados Unidos (…) fueron personas muy cercanas con las AUC”, afirmó.

Esta acusación obtuvo respuesta casi inmediata del embajador ‘Pacho’ Santos, que por medio de un comunicado argumentó que el exparamilitar ya había hecho esas acusaciones, hace más de 10 años, y que hasta el momento no se ha comprobado nada.

El diplomático aseguró, en el documento que publicó en Twitter, que Mancuso no tiene ninguna prueba “distinta a su palabra”, y que, por lo mismo, evaluaría si toma acciones legales.

Otro nombre que menciona Mancuso en la carta es el de José Miguel Narváez, que fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que está condenado a 26 años de cárcel como instigador del asesinato del humorista Jaime Garzón (13 de agosto de 1999), así como al fallecido Pedro Juan Moreno, que fue secretario de gobierno de Uribe cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997).

Mancuso dijo que hay más políticos relacionados con paramilitares, y por eso la justicia colombiana lo espera para que cuente todo lo que, dice, sabe de los autores intelectuales de las masacres en el país, y para que también responda por las dos sentencias que acumula de Justicia y Paz en relación a cientos de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos que él mismo confesó. Además, el exparamilitar tiene una cuenta pendiente por el delito de lavado de activos, cometido presuntamente luego de su desmovilización.

Este video de la Agencia Efe resume el contenido de la carta de Mancuso, que se conoció el pasado 3 de septiembre.

¿Qué ha dicho Mancuso de masacres como las de El Aro y La Granja (Antioquia)?

De lo que confesó el exjefe paramilitar sobre estos hechos en Justicia y Paz se destaca, según comunicados de la Fiscalía, que participó en esa operación violenta en el corregimiento de El Aro (en Ituango) para matar al cabecilla de las Farc alias ‘Iván Márquez’ y liberar a secuestrados que tenía, y mencionó que inteligencia militar les facilitó información sobre el escondite de ‘Márquez’, les entregó mapas de la región y los puntos específicos en donde debían atacar.

Incluso, Mancuso habló de que en medio de la masacre, en la que la Fiscalía contabilizo cerca de 19 muertos, hubo, supuestamente, varios helicópteros que atravesaron la zona, y que entre esos también “estuvieron sobrevolando el helicóptero de la Gobernación de Antioquia” y uno del Ejército.

El expresidente Uribe también se ha referido a este tema y siempre ha negado que algún helicóptero de la Gobernación haya estado involucrado en los hechos, y su versión, así como la de Mancuso, está detallada en este artículo sobre la masacre de El Aro y los supuestos vínculos de militares en Antioquia con grupos paramilitares.

El expresidente Uribe, el pasado 15 de septiembre, publicó un video en Twitter en el que explicó “la verdad sobre la masacre de El Aro”, y allí desmintió al también exparamilitar Francisco Enrique Villalba, que en noviembre de 2008 aseguró, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que la matanza de campesinos se perpetró, supuestamente, para rescatar a “un primo de Álvaro Uribe”.

“Falso”, aseguró Uribe en su video, y dijo que “no ha tenido familiar alguno secuestrado”.

Otro tema que recoge el exsenador Uribe en esa pieza audiovisual es que Mancuso, en 2008, testificó desde Estados Unidos que “Villalba es falso, es un mentiroso. Uribe no participó ni directa ni indirectamente en esa masacre”.

Así las cosas, será ahora la Fiscalía la que se encargue de estas investigaciones, pues con la renuncia de Uribe al Senado la Corte Suprema de Justicia remitió allí los procesos que le adelantaba al expresidente por varias masacres.

Extradición de Mancuso, ¿en qué va ese trámite?

De lo que se conoce, recientemente, es que los abogados de Mancuso pidieron una audiencia inmediata y una “suspensión de cualquier acción migratoria” mediante una “moción de emergencia”, pues su intención es detener el envío a Colombia amparados por una acción de deportación y no de extradición, y buscar que lo manden a Italia.

Sin embargo, Michael R. Sherwin, el fiscal que representa al Distrito de Columbia, en Washington, donde está radicada la demanda, señaló que Mancuso será trasladado a Colombia como parte de un proceso migratorio, por lo que no es necesaria una petición de extradición.

Al respecto, la Procuraduría pidió al Gobierno, el pasado 16 de septiembre por medio de un comunicado, que adelante “con la mayor diligencia posible” las acciones necesarias para garantizar que Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, “respondan ante la justicia y las víctimas del paramilitarismo” en Colombia.

Esto, porque el organismo de control advirtió, con base en cifras del Juzgado Único de Ejecución de Sentencias, que a la fecha “solo hay 59 fallos ejecutoriados contra exintegrantes de grupos paramilitares”, y que otros 10, aproximadamente, se encuentran en apelación, “mientras que el juzgamiento de quienes fueron comandantes de esa estructura ilegal no llega al 10 % de los casos atribuibles”.

Este es el trino de la Procuraduría en donde aparecen Mancuso y Tovar Pupo.