Es otra decisión que adoptó la Sala de Instrucción de ese alto tribunal luego de la renuncia del exsenador a su curul en el Congreso.

En ese sentido, dijo en un comunicado, también pierde competencia para seguir adelantando la indagación preliminar y entregó el expediente del proceso 45110.

Lo que se investiga allí es la “presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste antioqueño”.

Esa organización habría utilizado como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, y que era propiedad de la familia Uribe Vélez para la época.

Dicho grupo armado también habría cometido ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.

Dice la Corte que investigan una presunta intervención de Álvaro Uribe Vélez, en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones de que fue víctima la población civil de Ituango (Antioquia), que se han denominado:

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– Masacre de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996.
– Masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997. En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango.

Además, al expresidente se le vincularía con el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo —abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos—, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellín.

Ahora, estos procesos serán competencia de la Fiscalía, pues por unanimidad la Sala de Instrucción “no encontró reunidos los requisitos […] para continuar conociendo de este asunto”.

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