Este lunes, los abogados de Mancuso pidieron una audiencia inmediata y una “suspensión de cualquier acción migratoria” mediante una “moción de emergencia”. Su intención era detener su envío a Colombia amparados por una acción de deportación y no de extradición, en lo que consideraron como una disposición raras veces usada.
Parte del argumento presentado por la defensa de Mancuso es que cuando se preparaba para ser trasladado a Italia, se le entregó una notificación sin ninguna explicación y sin una orden de extradición afirmando que su traslado al país europeo en estos momentos es “perjudicial para el gobierno Trump y para Estados Unidos”, aunque no detallaba el motivo por el que la calificaba de esa manera.
Sin embargo, Michael R. Sherwin, el fiscal que representa al Distrito de Columbia, en Washington, donde está radicada la demanda, señaló que Mancuso será trasladado a Colombia como parte de un proceso migratorio, por lo que no es necesaria una petición de extradición.
Medidas cautelares
Este martes, los abogados también dirigieron otra petición de medidas cautelares al fiscal general de EE. UU., William Barr, así como al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf -cuya agencia tiene a cargo las entidades responsables de inmigración, encargadas de las deportaciones-, así como a otros funcionarios de la Administración de Donald Trump.
La defensa pidió, en concreto, “una orden que obligue a los demandados a cumplir con su deber de remover (deportar) al demandante a Italia sin demora” o que su representado sea liberado para que “pueda hacer los arreglos de viaje” desde Estados Unidos a Italia “por su cuenta”. Además, exigió que se le retribuyeran “honorarios y costos de los abogados”, al igual que “cualquier otra reparación que la Corte considere justa y apropiada”.
La solicitud buscaba impugnar la “demora irrazonable” a la hora de deportar a Mancuso a Italia mediante la concesión de un “mandamus” o recurso judicial y una medida cautelar que obligue al DHS a cumplir con el período de deportación de 90 días previsto en la ley. Según los abogados, Mancuso se encuentra actualmente detenido en el centro de detención del condado de Irwin (Georgia, EE.UU.) y ya han pasado más de 90 días desde que se emitió la orden administrativa para su deportación.
Mancuso se habría expresado “aterrado” de volver a Colombia. Su defensa sostiene que hay “actores poderosos” en Colombia que utilizarían de una forma “impropia” la maquinaria del gobierno y del sistema judicial en un “esfuerzo desesperado” para silenciarlo. “La continua cooperación del señor Mancuso representa un enorme reforzamiento de los deseos de tomar represalias contra él”, indicaron los letrados.
Tras cumplir su condena penal, sus apoderados estaban enfrascados en un litigio migratorio para conseguir que fuera deportado a Italia. En una audiencia el 24 de agosto, los abogados del gobierno estadounidense habían fijado el 4 de septiembre como fecha límite para su deportación a Italia, antes de cambiar de opinión durante el fin de semana.
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