Abelardo de la Espriella militarizó a Santa Marta y resulta importante entender el fondo de una decisión que cambia el panorama dentro de una ciudad.
Militarizar en Colombia significa desplegar la Fuerza Pública, especialmente el Ejército Nacional, para asumir el control del orden público en un territorio.
Esta medida se activa mediante decretos presidenciales que ordenan asistencia militar a la Policía Nacional en zonas específicas del país.
El mecanismo se apoya jurídicamente en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, conocido como Código Nacional de Policía.
Esa norma permite solicitar apoyo de las Fuerzas Militares cuando la capacidad policial resulta insuficiente para garantizar la convivencia ciudadana.
Un ejemplo histórico reciente es el Decreto 575 de 2021, expedido durante el gobierno de Iván Duque Márquez.
Ese decreto militarizó siete departamentos y trece ciudades, en medio de las protestas del paro nacional colombiano.
Entre las regiones afectadas estuvieron Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.
También incluyó ciudades como Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Bucaramanga, Pereira y Neiva, según el propio decreto oficial.
La medida ordenaba el máximo despliegue de asistencia militar hacia la Policía, coordinado con autoridades civiles locales.
Alcaldes y gobernadores quedaban obligados a cumplir estas disposiciones, bajo riesgo de sanciones administrativas contempladas en el decreto.
Organismos de derechos humanos expresaron preocupación porque la norma no establecía límites claros sobre el uso proporcional de la fuerza.
Tampoco priorizaba mecanismos de mediación o diálogo con los manifestantes durante las jornadas de protesta social.
Existe también la figura de zona especial de orden público, distinta de la militarización general de un territorio.
Esta categoría se creó bajo estados de conmoción interior, como el establecido mediante el histórico Decreto 0717.
En esos casos, un comandante militar solicita la declaratoria al gobernador, quien delimita formalmente el área afectada.
Una vez delimitada la zona, todas las fuerzas de seguridad quedan bajo mando único del oficial militar más antiguo.
Esta figura se denomina control operacional, y concentra el poder decisorio de seguridad en manos militares.
La militarización también ha tenido un componente histórico en zonas rurales, marcadas por décadas de conflicto armado interno.
Desde 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el Ejército asumió funciones que antes correspondían a la Policía.
Esa transición se profundizó durante la Guerra Fría, cuando el país adoptó doctrinas de contrainsurgencia frente a las guerrillas.
Con la llegada de las FARC y el ELN en los años setenta, el conflicto rural se intensificó notablemente.
El Ejército se convirtió entonces en la institución con mayor presencia estatal en amplias regiones del territorio colombiano.
Analistas señalan que esta estrategia priorizó el combate armado sobre la protección directa de la población civil.
Luego de la posesión de Gustavo Petro en 2022, el gobierno planteó reformar ese enfoque hacia una lógica de paz total.
El objetivo era reducir la dependencia militar y fortalecer la protección civil en zonas de conflicto persistente.
Un informe especializado en conflictos internacionales documentó que la estrategia militar rural no logró contener la violencia tras 2016.
Ese año se firmó el acuerdo de paz con las antiguas FARC, la guerrilla más grande del país.
Comunidades indígenas también han denunciado militarización de sus territorios ancestrales, en contextos de conflicto armado prolongado.
Estudios especializados documentan cómo esa presencia militar afecta la autonomía y los derechos culturales de esas comunidades.
En paralelo, expertos jurídicos han cuestionado si la asistencia militar constituye un estado de excepción encubierto en la legislación.
Según esa interpretación, estas medidas eluden los controles constitucionales exigidos para declarar formalmente un estado de conmoción interior.
Así, militarizar en Colombia implica trasladar funciones de seguridad hacia las Fuerzas Militares en territorios determinados.
Esta práctica responde tanto a coyunturas de protesta social como a contextos históricos de conflicto armado interno.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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