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Un nuevo proyecto legislativo ha sido presentado en el Capitolio Nacional con el propósito de modificar la Constitución Política, específicamente para definir un plazo claro e improrrogable a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa, impulsada por el partido Salvación Nacional, busca que el tribunal creado para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano concluya sus funciones en marzo de 2028. Además, propone que los procesos que estén en curso sean asumidos posteriormente por la justicia ordinaria y bajo las mismas garantías establecidas en el acuerdo de paz de 2016. Toda esta propuesta se centra en el Acto Legislativo 18, el cual pretende adicionar un apartado al Acto 01 de 2017, que fue el acto que dio vida legal y operativa a la JEP. Según la bancada proponente, este ajuste dejaría en firme un término de 10 años para la vigencia de la JEP, contados desde que todas sus salas y secciones iniciaron operaciones oficialmente.
Durante la presentación del proyecto, congresistas como Gómez sostuvieron que la JEP, en su opinión, no ha cumplido con sus objetivos de verdad, justicia y reparación, priorizando críticas como una supuesta “impunidad” en las decisiones del tribunal, así como el aumento en la burocracia asociada, la cual recoge aproximadamente 1.400 funcionarios de planta y otros 1.200 bajo la modalidad de prestación de servicios. Gómez afirmó, según palabras recogidas por El Espectador, que ni las víctimas ni quienes han estado bajo la jurisdicción de la JEP —más de 9.700 exguerrilleros y alrededor de 2.000 miembros de las fuerzas estatales— se sienten hoy satisfechos respecto a su situación jurídica. Así mismo, señaló que el acuerdo de paz estaría en línea con la amnistía solo para delitos amnistiables.
El senador Germán Rodríguez complementó la postura, asegurando que en los ocho años de la JEP no se han visto resultados palpables en materia de justicia y reparación, y que la jurisdicción habría funcionado como una “medida sastre” para garantizar protección jurídica a miembros del antiguo Secretariado de las FARC. La representante Carol Borda también sumó críticas en cuanto al costo, estimando que cada sentencia de la JEP costaría, aproximadamente, COP 1 billón. Esta discusión además ocurre en un contexto donde se debate una reducción significativa al presupuesto de la jurisdicción para el año 2027, de COP 100.000 millones, con recursos que serían trasladados hacia la justicia ordinaria, en particular al Consejo Superior de la Judicatura. Según El Espectador, la ponencia sobre el presupuesto plantearía incluso una disminución mayor, de hasta COP 170.000 millones, aunque se buscaría garantizar el funcionamiento pleno del tribunal, tal como ha advertido su presidente, Alejandro Ramelli.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué buscan limitar el tiempo de funcionamiento de la JEP hasta 2028?
La bancada de Salvación Nacional argumenta que la JEP no ha cumplido expectativas en cuanto a justicia y reparación, alegando que se ha privilegiado la impunidad y extendido la burocracia. Buscan dar un cierre definitivo al tribunal en 2028, trasladando los casos pendientes a la justicia ordinaria.
¿Qué consecuencias tendría la reducción del presupuesto de la JEP para 2027?
La reducción del presupuesto podría impactar la capacidad operativa de la JEP para atender casos y emitir sentencias. Aunque la propuesta plantea garantizar su funcionamiento, el presidente del tribunal ha alertado sobre los riesgos que implica el recorte de recursos en el desarrollo de sus funciones.
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