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La protesta pacífica llevada a cabo el 27 de agosto de 2025 por alrededor de 50 habitantes de la vereda Las Mercedes, en el corregimiento de Caracolí (municipio de Valledupar), puso de manifiesto una crisis estructural relacionada con el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento básico en las zonas rurales del Cesar, Colombia. Los manifestantes bloquearon la transitada vía Valledupar-Bosconia como medida de presión para exigir la reparación de las tuberías dañadas, atribuida a la intervención de la concesionaria YUMA, encargada de un tramo de la megaobra conocida como la Ruta del Sol 3. Según la cobertura informativa original y fuentes como la Secretaría de Gobierno local, estas demandas incluyen también el cumplimiento de compromisos sociales previamente pactados por la empresa, como la adecuación de espacios deportivos y el mejoramiento de vías rurales esenciales para la conectividad.
El acceso al agua potable en Caracolí refleja un problema histórico y administrativo de gran envergadura. La planta de tratamiento de agua de la localidad, según declaraciones de Diara Guerra, líder de la Junta de Acción Comunal, opera sin una administración formal adecuada ni mantenimiento técnico requerido. Actualmente, la responsabilidad recae únicamente en un celador y un comunitario que actúan básicamente como guardianes para evitar derrames, pero sin posibilidad real de garantizar la calidad del agua suministrada. Esta situación implica altos riesgos de contaminación y confirma el abandono de estas comunidades rurales por parte de las autoridades y las empresas concesionarias, perpetuando condiciones sanitarias precarias y vulnerando derechos fundamentales.
Los problemas de acceso al agua y saneamiento básico en el ámbito rural colombiano no son exclusivos de Caracolí. Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cerca del 30% de la población rural en Colombia continúa sin cobertura adecuada en estos servicios, situación que conduce a enfermedades, limita el desarrollo y acentúa la marginalidad social. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia respaldan estos datos, mostrando cómo la carencia de infraestructuras hidro-sanitarias en territorios andinos y caribeños mantiene a las comunidades atrapadas en ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
La respuesta de la concesionaria YUMA ante el daño a la infraestructura fue reconocer la ruptura de tuberías, aunque las reparaciones han sufrido demoras considerables. Esta situación desencadenó el reciente bloqueo y motivó una reunión con las autoridades municipales que comprometieron una mesa de trabajo para el 30 de agosto, en busca de soluciones. El secretario encargado de Gobierno, Pablo Bonilla, confirmó la gestión de una certificación para responsabilizar a la empresa y avanzar en los arreglos necesarios. Las comunidades, sin embargo, advierten que mantendrán la vigilancia y no descartan nuevas acciones si no se cumplen los acuerdos.
Este episodio local es un reflejo de una problemática nacional recurrente: el desfase entre la ejecución de grandes proyectos de infraestructura vial concesionada y la atención a las necesidades sociales inmediatas de las comunidades aledañas. Instituciones como el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han evidenciado en sus reportes una desconexión estructural que deriva en conflictos sociales, reclamos y un desgaste de la confianza ciudadana hacia el Estado y las empresas privadas. La ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento, control y participación de la comunidad suele ser el origen de estas tensiones.
El presidente Gustavo Petro, durante una visita reciente a Valledupar, criticó la gestión histórica de regalías del carbón en la región, señalando cómo la extracción de recursos naturales no ha significado mejoras tangibles en aspectos esenciales como el acceso al agua. Petro hizo un llamado urgente a repensar el destino de estas regalías, para que verdaderamente impulsen el bienestar de las poblaciones rurales y contribuyan a la equidad territorial.
A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han reiterado que el acceso universal al agua y el saneamiento es esencial para la salud pública y el desarrollo sostenible. Colombia reconoce estos compromisos, pero aún enfrenta retos considerables para garantizar estos derechos en zonas rurales históricamente excluidas. El caso de Caracolí, por tanto, es un llamado urgente a la acción coordinada, la transparencia y la efectiva participación ciudadana en la gestión de servicios públicos básicos.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es una concesionaria vial y cuál es su responsabilidad en proyectos como la Ruta del Sol 3?
Una concesionaria vial es una empresa privada que, a través de un contrato con el Estado, se encarga de la construcción, rehabilitación, mantenimiento u operación de infraestructuras viales, recibiendo a cambio pagos o derechos de cobro de peajes. En la Ruta del Sol 3, la concesionaria YUMA debía ejecutar obras con criterios técnicos y sociales, responder por daños colaterales como afectaciones a tuberías de agua y cumplir compromisos con las comunidades. La adecuada supervisión estatal y la participación local son vitales para asegurar que la responsabilidad social y ambiental de estas empresas se cumpla en su totalidad.
La relevancia de esta pregunta radica en la frecuente aparición de conflictos sociales derivados de incumplimientos, demoras o mala gestión de concesionarias en infraestructuras públicas. Comprender el alcance de la responsabilidad de estas empresas ayuda a explicar el surgimiento de protestas y reclamos, así como la importancia de establecer canales claros de vigilancia y sanción cuando se vulneran derechos fundamentales de las comunidades vecinas.
¿Por qué es fundamental el acceso a agua potable y saneamiento para el desarrollo rural?
El suministro de agua potable y sistemas de saneamiento adecuados son pilares de la salud pública, la igualdad y el desarrollo sostenible. En el ámbito rural, la falta de estos servicios incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por agua contaminada, limita la productividad agropecuaria y reduce las oportunidades educativas y laborales para la población. Así lo han documentado la OMS y UNICEF, que consideran prioritario alcanzar la cobertura universal de estos servicios.
La importancia de esta pregunta surge porque la garantía de agua limpia y saneamiento va mucho más allá de una necesidad básica: es un indicador clave de equidad social y bienestar colectivo. Sin inversión sostenida en esta área, las brechas entre zonas rurales y urbanas se agravan y el desarrollo local se estanca, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
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