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La Asamblea Departamental se ha visto en la necesidad de modificar parcialmente el cronograma del proceso de selección del próximo contralor departamental, tras recibir reclamaciones de ciudadanos aspirantes que reportaron dificultades para acceder a la plataforma digital destinada a exhibir los resultados de las pruebas. Como respuesta, la Mesa Directiva expidió la resolución 0490 del 25 de agosto de 2025, ajustando únicamente la etapa de reclamaciones respecto a la prueba de conocimiento, con el propósito de garantizar que todos los aspirantes tengan igualdad de condiciones y participación efectiva. Esta decisión se da en un contexto en el que la equidad y la transparencia resultan fundamentales para la legitimidad del proceso.
La nueva disposición establece un detallado cronograma de actividades: el 27 de agosto se abre la posibilidad de solicitar la exhibición de los cuadernillos de prueba; el 28 de agosto la Universidad de la Costa facilita el acceso presencial a estos documentos a quienes lo solicitaron; el 29 de agosto se reciben las reclamaciones sustentadas por los participantes sobre los resultados; el 1 de septiembre se emiten las respuestas a las reclamaciones a través de correo electrónico; y, finalmente, el 2 de septiembre se publican los resultados definitivos. El cronograma original permanece intacto en los demás aspectos y la elección definitiva está prevista para el 9 de octubre, conforme informó la propia Asamblea.
El cargo de contralor departamental conlleva la vigilancia y el control fiscal sobre los recursos de la administración pública local, en cumplimiento de los estándares señalados por la Contraloría General de la República. Este rol es esencial para asegurar la correcta gestión y el uso transparente de fondos públicos, así como para fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Por tanto, la calidad, integridad y apertura del proceso de selección adquieren un valor crucial a los ojos de la ciudadanía y los entes de control.
Las dificultades técnicas evidenciadas por los postulantes, según argumentaron ante la Asamblea, evidencian una problemática persistente en los procesos públicos de regiones con brechas en infraestructura tecnológica. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expuso en su informe de 2024 que buena parte del país, especialmente zonas rurales y semiurbanas, todavía enfrenta serias limitaciones de conectividad, lo que puede afectar la igualdad de oportunidades en convocatorias públicas de vital importancia.
La respuesta institucional mediante la resolución 0490 establece un precedente sobre la necesidad de adaptar procedimientos digitales y garantizar alternativas presenciales o mixtas cuando la infraestructura tecnológica representa una barrera. Investigaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) subrayan la importancia de asegurar la transparencia y accesibilidad en los procesos de convocatoria, no solo como un requisito técnico sino como una manifestación de los derechos democráticos básicos en Colombia.
Es relevante señalar que hasta el momento no se han presentado nuevas acciones judiciales contra el proceso de selección, lo que, de acuerdo con análisis recogidos por El Espectador, indica que los ajustes introducidos por la Asamblea permiten incrementar la confianza institucional sin afectar el fondo del procedimiento. A largo plazo, mantener la cooperación de instituciones académicas, como la Universidad de la Costa, refuerza la transparencia y legitimidad de estos procesos, tal como respaldan sus informes institucionales.
En síntesis, la modificación al calendario de reclamaciones implementada por la asamblea representa un ejemplo de adaptación táctica ante las limitaciones tecnológicas y una apuesta por procedimientos inclusivos. Responder a los desafíos derivados de la brecha digital con soluciones institucionales refuerza la legitimidad y la confianza ciudadana en los procesos de control fiscal, elementos esenciales según la Contraloría y expertos consultados por medios nacionales. El caso pone de manifiesto la importancia de combinar estrategias digitales y presenciales para asegurar la equidad en la participación democrática y la gestión pública.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Por qué es importante garantizar el acceso a plataformas digitales en los procesos públicos?
La digitalización de procesos públicos ha transformado la forma en que ciudadanos interactúan con el Estado, pero pone en evidencia las desigualdades de acceso tecnológico. Garantizar el acceso a plataformas digitales en convocatorias y concursos públicos es fundamental para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación, sin importar la región o el nivel socioeconómico. Según el MinTIC, la falta de acceso puede excluir a sectores sociales y geográficos e impedir el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
En el caso de la selección del contralor departamental, la imposibilidad de acceder a la información impactó derechos de aspirantes y evidenció que las soluciones híbridas o presenciales no solo son complementarias, sino esenciales en contextos de brecha digital persistente. Instituciones públicas y privadas deben trabajar de manera conjunta para garantizar procesos democráticos verdaderamente inclusivos.
¿Cuál es la función principal del contralor departamental?
El contralor departamental es responsable de ejercer vigilancia y control fiscal sobre los recursos y bienes públicos en el territorio departamental. Su tarea principal consiste en examinar la legalidad y la eficiencia del gasto público, previniendo hechos de corrupción, determinando responsabilidades y promoviendo la transparencia en la administración. Esto se realiza conforme a los lineamientos y competencias definidos por la Contraloría General de la República.
Este cargo es esencial en la estructura institucional colombiana, pues brinda garantías de rendición de cuentas e independencia en la supervisión del uso de los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. La selección rigurosa de quien ocupa esta función contribuye a la consolidación de la ética pública y al fortalecimiento de la confianza en las instituciones regionales.
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