Por: CENET

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 21, 2026 - 9:36 am
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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social recibió la autorización, mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, para suspender temporalmente la verificación de los requisitos que normalmente exigen sus programas de transferencias monetarias. Esta decisión responde al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado tras el sismo del 10 de agosto, abarcando 16 departamentos afectados, aunque excluye a Putumayo debido a la falta de conexión directa entre sus daños y el terremoto, tal como lo establece el Decreto 1348.

La medida impacta directamente sobre cuatro programas: Protección Social al Adulto Mayor (también llamado Colombia Mayor), Compensación del Impuesto sobre las Ventas, Renta Ciudadana y Renta Joven. Según cifras entregadas por Prosperidad Social, en los municipios más afectados existen 258.018 hogares beneficiados por Renta Ciudadana, 237.363 hogares bajo Compensación del IVA, 1.255.622 personas en Colombia Mayor y 64.107 personas participando en Renta Joven. No obstante, se aclara que los datos no se deben sumar, ya que cada programa utiliza unidades de medida diferentes y una persona o hogar podría estar inscrito en varios de ellos al mismo tiempo.

El centro del argumento presentado en el decreto radica en que los requisitos de estos programas dependen de la certificación sobre asistencia escolar, controles médicos o supervivencia, entregados por terceros, como instituciones educativas, entidades de salud, autoridades locales y operadores de pago. La infraestructura de estos actores se vio gravemente afectada por el sismo y sus réplicas, lo que en palabras del texto "impide materialmente el cierre de los ciclos de verificación". De mantenerse tales requerimientos, advierte el decreto, se dejaría a muchos hogares sin pagos a causa de situaciones fuera de su control. Para dimensionar la afectación, el texto se apoya en el documento técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que reporta daños en 13.088 instalaciones educativas y 572 de salud.

El decreto contextualiza la magnitud del sismo, que alcanzó 7,4 grados, profundidad de 103,4 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento produjo 393 réplicas en 30 departamentos, siendo calificado como el más fuerte en 47 años y el segundo mayor en Colombia durante el último siglo.

La suspensión será excepcional y únicamente en casos donde la verificación esté comprometida por daños provocados por el sismo. Prosperidad Social podrá definir mediante acto administrativo qué municipios y verificaciones están cubiertos, así como cuándo se levantará la medida conforme avance la recuperación. El decreto permite publicar estas decisiones en 24 horas y omite la necesidad de ciertos trámites con el fin de facilitar la respuesta en medio de la emergencia. La medida regirá por el tiempo que dure la emergencia y podría extenderse hasta doce meses, únicamente para finalizar procesos ya iniciados. Todo esto fue formalizado por el presidente y su gabinete en el Diario Oficial.

¿Cuáles son los programas de Prosperidad Social afectados por la suspensión de verificaciones tras el sismo?

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1426, los programas afectados por la suspensión transitoria de verificación de requisitos son Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor), Compensación del Impuesto sobre las Ventas, Renta Ciudadana y Renta Joven. Estos programas dependen del cumplimiento de requisitos que no pueden certificarse por la afectación de la infraestructura tras el sismo.

¿Por cuánto tiempo se puede extender la suspensión de verificaciones en los programas sociales debido al Estado de Emergencia?

El decreto establece que la suspensión de las verificaciones regirá durante el periodo de la emergencia y podrá extenderse hasta por doce meses adicionales. Sin embargo, esta extensión se limita exclusivamente a continuar los pagos o procesos ya iniciados, respetando los lineamientos legales definidos por la Corte Constitucional sobre emergencias.

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