La misiva, dirigida a la juez 23 administrativa del Circuito de Bogotá, publicada por el periodista Juan Pablo Calvás, apoya el pedido de medidas cautelares que suspenderían la adjudicación de la obra por la principal vía del oriente de Bogotá.

En el concepto de Clavijo Ayala, es urgente que se “impida la configuración de perjuicios irremediables e irreparables para la colectividad”, y se refiere particularmente a dos de las principales objeciones de Lara y los vecinos que se oponen a la obra: ambientales, de movilidad y sobre los estudios que lo soportan.

En primer lugar, la Procuraduría habla de las crisis que obligaron a implementar medidas adicionales para mitigar el impacto de la contaminación del aire en la capital, como la ampliación del pico y placa. A raíz de esto, señala que no hay elementos para definir “si con la implementación de este sistema de transporte público [Transmilenio] se contaminaría más o iría a remediar algo la situación al reemplazar con este otros medios de movilización”.

En ese sentido, asegura que la implementación de buses Euro V, con tecnologías “que ya han sido descartadas en otros países por considerarse altamente perjudiciales para la salud humana, y que van en su detrimento, (…) denota negligencia en la adopción de lo mejor para esta comunidad”.

El funcionario también le da razón al congresista cuando pone en el impacto previsto que tendría la obra en la movilidad: “Deberá estudiarse y verificar si en efecto las cifras serían las señaladas por una u otra parte, o si con la implementación de esta troncal se trasladarían a ella cargas de ciudadanos que utilizan vías alternas”, objeta.

Finalmente, habla de improvisación y dice que “hacen falta estudios más completos que denoten la factibilidad técnica y económica”, resaltando presuntas ligerezas en puntos clave para la implementación de Transmilenio por esa avenida como las obras de los cruces con la calle 100 y la calle 85, el pleito con el edificio Altos de la Cabrera y posibles violaciones al POT en materia de andenes y puentes.

El procurador Clavijo resume esto último en una frase:

“Nos encontramos ante un proyecto que denota improvisación en muchos aspectos y parece lanzarse a su desarrollo solo con el afán de comprometer una cantidad enorme de dinero en espera de que por el camino se vayan resolviendo los obstáculos”

“Por ello y lo brevemente expuesto se encamina la posición de esta Procuraduría a solicitar a este respetado despacho se actúe en consecuencia y acorde con lo ya adelantado por el Juez 49 administrativo, respaldando la orden de suspensión de la adjudicación de la licitación”, concluye.

Este es el texto publicado por el periodista: