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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, informó este martes 13 de octubre que el Ministerio Público viene adelantando investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos, señalados de presunto incumplimiento a la sentencia emitida en 2017 por la Corte Constitucional. Esta sentencia ordenó la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el departamento de La Guajira, respondiendo a la grave situación que afecta a los menores en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
La declaración de Eljach tuvo lugar durante una sesión técnica en Riohacha, organizada por la Corte Constitucional, en la que participaron entidades nacionales y regionales. El objetivo principal del encuentro era analizar la implementación de medidas urgentes que la Corte exigió en materia de acceso al agua, alimentación y salud en dicha región. De acuerdo con El Espectador, durante la jornada se destacó la necesidad de verificar si las instituciones responsables han cumplido las órdenes de protección dictadas.
El procurador explicó que, desde la sentencia de 2017, el Ministerio Público ha iniciado un total de 125 indagaciones disciplinarias por incumplimiento de funcionarios públicos a las medidas impuestas por el alto tribunal. De este total, según cifras actualizadas hasta el viernes anterior, 41 investigaciones desembocaron en procesos disciplinarios y otras 25 incluyen funcionarios acusados de omitir sus responsabilidades.
Eljach resaltó que este proceso no busca intimidar, sino evidenciar la importancia del Estado de derecho y la obligación de los servidores públicos de responder por sus acciones. Además, enfatizó que, según reportes recientes de El Espectador, persiste una falta de claridad sobre cuántos niños pertenecientes a la comunidad wayuu requieren protección, lo que agrava el panorama.
El propio jefe del Ministerio Público indicó que la omisión y falta de voluntad política han sido determinantes para que, después de casi una década de la orden de la Corte Constitucional, la situación de acceso a servicios básicos y atención a la infancia continúe prácticamente igual. También refirió el caso de una bebé que falleció en septiembre pasado en una comunidad de Uribia, debido a la negativa de una IPS (Institución Prestadora de Salud) a atender a la madre durante el parto, hecho que calificó como doloroso y representativo de la grave crisis de desnutrición y desatención en la zona.
El procurador Eljach concluyó que los procesos disciplinarios seguirán avanzando, con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de las sentencias que han buscado, sin resultados significativos hasta ahora, mejorar el acceso al agua, la alimentación y la salud para los menores de La Guajira.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los funcionarios públicos investigados por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional en La Guajira?
El Ministerio Público, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, ha abierto investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos por presuntos incumplimientos a la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2017, que ordena la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en La Guajira. De acuerdo con El Espectador, esas investigaciones surgen tras comprobarse posibles omisiones en el acceso a agua, alimentación y salud.
¿Qué significa el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en La Guajira?
El “estado de cosas inconstitucional” es una figura jurídica que reconoce la existencia de una violación masiva y reiterada de derechos fundamentales, evidenciando una situación estructural de incumplimiento estatal. Según la información proporcionada, desde 2017 la Corte Constitucional lo declaró en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia por vulneraciones a los derechos de la población infantil wayuu, ordenando acciones urgentes que, hasta ahora, no se han ejecutado plenamente.
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