Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 7, 2026 - 10:01 pm
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El 24 de septiembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, se presentaron graves complicaciones durante el parto de una mujer embarazada de la comunidad Karraguaysumana, situada en el corregimiento de Jojocinto, Uribia, en el departamento de La Guajira. Ante la emergencia, la familia de la mujer contactó rápidamente a la IPS Súpula Wayuu, encargada de prestar servicios de salud en esa zona, y a la Secretaría de Salud de Uribia. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la comunidad, ambas entidades explicaron que no les era posible acudir al resguardo; argumentaron razones de distancia, ya que el trayecto entre la comunidad y el centro de salud es de aproximadamente hora y media, así como limitaciones relacionadas con la hora y la seguridad.

Ante la falta de respuesta oficial, los líderes y las autoridades locales de la comunidad decidieron intervenir directamente y organizar por su cuenta el traslado de la mujer al centro asistencial más cercano. Lamentablemente, durante este trayecto la recién nacida falleció, sumiendo a la familia y a la población en la consternación. Buscando respuestas y responsabilidades, la comunidad Karraguaysumana presentó una alerta a la Corte Constitucional relatando los hechos. En consecuencia, y en un breve lapso, el máximo tribunal respondió solicitando esclarecer lo que sucedió y determinar posibles fallas en la protección de los derechos fundamentales tanto de la bebé como de su madre.

Según información a la que tuvo acceso El Espectador, la Corte Constitucional expidió un auto cuyo ponente fue el magistrado Carlos Camargo. A través de este documento, se ordenó al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, a la Secretaría de Salud de Uribia, a la Nueva EPS (Entidad Promotora de Salud) y a la IPS Súpula Wayuu que informen, de manera “cronológica y verificable”, los hechos ocurridos en la comunidad de Karraguaysumana. Las entidades disponen de un plazo de 10 días para aportar toda la información requerida. No resulta casual que la Corte haya tomado la decisión de practicar estas pruebas y solicitado información de manera urgente. El objetivo es garantizar una investigación clara sobre las circunstancias del caso y determinar si hubo omisión o fallas que llevaron a la falta de atención oportuna, elementos clave para la protección efectiva de los derechos fundamentales en contextos vulnerables como los de las comunidades indígenas de La Guajira.

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¿Por qué la Corte Constitucional solicitó información urgente sobre el caso de la comunidad Karraguaysumana?

La Corte Constitucional solicitó información urgente a las entidades responsables de salud con el objetivo de establecer, de manera cronológica y verificable, lo sucedido durante el parto en la comunidad Karraguaysumana. Esta medida se tomó después de que la comunidad alertara a la Corte sobre la muerte de la recién nacida durante su traslado, buscando esclarecer si existieron fallas en la protección de los derechos fundamentales de la bebé y su madre. El auto expedido por el magistrado Carlos Camargo exigió a las entidades respuestas claras y detalladas sobre sus acciones, priorizando la investigación en un contexto de alta vulnerabilidad.

¿Qué entidades deben responder ante la Corte Constitucional por el caso en Uribia, La Guajira?

Las entidades obligadas a responder ante la Corte Constitucional en este caso son el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, la Secretaría de Salud de Uribia, la Nueva EPS y la IPS Súpula Wayuu. Deben aportar información cronológica y verificable sobre las acciones adoptadas respecto a la emergencia presentada en la comunidad Karraguaysumana, en cumplimiento del auto expedido para esclarecer si hubo deficiencias en la protección de los derechos en salud de la población afectada.


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