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En las últimas semanas, el país ha presenciado una fuerte polémica a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado abiertamente sus dudas sobre la transparencia de los próximos procesos electorales en Colombia. Aprovechando su presencia en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), el mandatario cuestionó la integridad del sistema electoral colombiano y la forma en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil administra las elecciones. Según Petro, problemas con los formularios E-14 y la supuesta falta de auditoría exhaustiva del software electoral podrían facilitar prácticas fraudulentas. Asimismo, sugirió incluso la posibilidad de que los soldados del país participen como testigos electorales, una propuesta que se sale del protocolo tradicional.
Las declaraciones del presidente no solo apuntan a la Registraduría, sino que se extendieron a la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría y la Contraloría. Petro llegó a afirmar públicamente que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco”, insistiendo en que manifestar estas inquietudes no busca estimular el fraude, sino prevenirlo. Además, acusó a distintas autoridades de engañar a la ciudadanía sobre la solidez del sistema electoral y su supuesta modernización durante las últimas décadas.
Sin embargo, diversas voces expertas han salido al paso para contradecir lo expresado por el mandatario. El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, José Antonio de Gabriel, manifestó a Blu Radio que el sistema colombiano se caracteriza por su apertura y transparencia, ya que las operaciones son vigiladas por ciudadanos, jurados y partidos, quienes cuentan con acceso permanente a la información electoral. De Gabriel enfatizó que los jurados son seleccionados entre la ciudadanía y las actas, como las E-14, se publican en línea de manera inmediata tras su llenado, facilitando la trazabilidad del proceso.
En relación al software electoral, Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, subrayó en declaraciones a EL COLOMBIANO que este sistema solo es empleado para la divulgación preliminar de resultados y que está sujeto a rigurosas auditorías, entre ellas una internacional. También destacó que el software, bajo control público, fue usado en 2022, cuando Petro resultó electo presidente tras ganar la segunda vuelta contra Rodolfo Hernández.
Por su parte, la Registraduría explicó que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), un organismo internacional con experiencia en América Latina, supervisa los sistemas de información empleados en las elecciones de Colombia. Además, la próxima exposición pública del código fuente del software ante observadores internacionales y representantes de los partidos busca dar mayor confianza y legitimidad al proceso.
Sobre los formularios E-14, el registrador nacional Hernán Penagos reiteró que no es necesario modificar la práctica histórica –diligenciar las actas sin marcas adicionales como equis o círculos–, pues cualquier alteración podría complicar el escrutinio y generar errores. Defendió que esas instrucciones han sido consistentes durante décadas y están respaldadas por la ley.
Expertos como Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, manifestaron su inquietud ante el tono de las declaraciones del presidente, advirtiendo que pueden acrecentar la desconfianza ciudadana. Frey Muñoz, subdirector de la MOE, también alertó sobre el efecto negativo de la desinformación y la confusión que podría crear entre los jurados de votación al recibir instrucciones contrapuestas desde distintas autoridades.
La discusión también incluyó el rol de la Fuerza Pública. Galindo aclaró que la presencia de militares y policías es común fuera de los puestos de votación para mantener el orden, pero no como testigos electorales dentro de los recintos, tal como sugirió Petro. Subrayó que el mandatario, según la Constitución, tiene la obligación de garantizar la seguridad y la tranquilidad en los comicios, responsabilidad que, sostuvo, no se está cumpliendo con solvencia.
Frente a este panorama, la persistente narrativa de fraude puede tener consecuencias en la percepción pública y en la credibilidad de las instituciones democráticas, poniendo a prueba la fortaleza del sistema electoral colombiano.
¿Qué implicaciones tiene la controversia sobre el software electoral para los ciudadanos?
El debate sobre la supuesta falta de transparencia y auditoría total en el software electoral ha ocupado una parte importante de la discusión pública. Para muchos ciudadanos, estas dudas pueden traducirse en temor sobre la legitimidad de los resultados y sobre la seguridad de sus votos. Como enfatizaron tanto la Registraduría como entidades internacionales de observación, el software solo se usa para divulgar resultados preliminares y es sometido a varias auditorías, lo que ha sido señalado como garantía suficiente por los expertos citados en EL COLOMBIANO y Blu Radio.
No obstante, las manifestaciones del presidente Petro y su interés por modificar los protocolos tecnológicos pueden generar inquietudes entre la población. Por ello, es relevante que las instituciones fortalezcan la pedagogía y la rendición de cuentas, asegurando que los ciudadanos comprendan tanto el funcionamiento del software como su alcance y limitaciones, para evitar confusiones y fortalecer la confianza en los procesos electorales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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