El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En el momento más álgido de su poder, el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), discute su posible desmovilización. Actualmente, el grupo cuenta con casi 10.000 integrantes y ejerce influencia en al menos 296 municipios del país, consolidándose como la organización armada ilegal más relevante y desafiante para la seguridad nacional. De acuerdo con datos presentados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fuerza Pública, su expansión se ha traducido en un creciente involucramiento en economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, así como en prácticas de extorsión y utilización de recursos públicos. Esta realidad motivó que la problemática en torno al Clan del Golfo fuera uno de los temas centrales en la reciente reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el colombiano Gustavo Petro, donde se priorizó la captura de su líder, Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”. La consecuencia inmediata de este anuncio fue la suspensión temporal de los diálogos de paz entre el gobierno y el grupo, aunque ambos actores ya han reanudado las conversaciones en Catar.
El proceso de negociación con el EGC es considerado por la FIP como especialmente complejo, debido a su fortalecimiento y al contexto político de cambio de gobierno que enfrentará el país en los próximos seis meses. Sin embargo, presenta diferencias respecto a experiencias previas de la denominada Paz Total: por un lado, el Clan del Golfo está dispuesto a debatir una posible entrega de armas y sometimiento a la justicia, aun cuando su agenda de diálogos no exige transformaciones profundas del Estado. Más bien, la discusión se centra en el desmonte de esquemas de extorsión y el establecimiento de la presencia estatal en sus territorios de influencia. Destaca la inclusión de países mediadores como Catar, Noruega, Suiza y España, lo cual representa un precedente formal dentro de los procesos de paz en Colombia.
La estructura del Clan del Golfo se compone de un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras, con casi 36 % de la membresía total de los grupos armados ilegales del país. Este crecimiento se ha conseguido, según la FIP, gracias a una estrategia de reclutamiento de mandos medios provenientes de otras organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como de exmilitares y suboficiales. El incentivo económico es uno de los principales atractivos: registros provenientes de trabajo de campo de la FIP revelan que se ofrecen sueldos mensuales que van desde 1,5 millones de pesos para informantes hasta 17 millones para comandantes de frente.
En cuanto a las motivaciones para negociar su desmovilización, los líderes del EGC valoran el reconocimiento político, las enormes cargas financieras que supone mantener su estructura y el riesgo permanente de ser neutralizados en operaciones militares o enfrentamientos internos. Adicionalmente, existe interés en aprovechar parte de las ganancias ilícitas tras una entrega, así como un agotamiento inherente a permanecer en la ilegalidad. Estos factores han propiciado la disposición del grupo para participar en los ciclos de diálogo llevados a cabo en Doha, donde ya se acordaron pilotos de intervención estatal, compromisos humanitarios y la eventual instalación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
No obstante, según los investigadores de la FIP, enfrentarán retos significativos. Entre ellos sobresalen la limitada capacidad estatal para cumplir lo pactado en los municipios priorizados, la falta de un marco jurídico sólido para sustentar el proceso y el riesgo de que la legitimación del grupo termine perpetuando lógicas de gobernanza ilegal. A esto se agrega la posibilidad de que parte de la organización se fragmenten en “disidencias” dedicadas a actividades ilícitas tras la desmovilización.
El informe resalta que, aunque un acuerdo final parece improbable antes del cierre del actual gobierno, avanzar en la consolidación de ciertos compromisos puede permitir que la negociación continúe con la siguiente administración. La clave para ello será dotar el proceso de la mayor legitimidad posible y asegurar que los avances respondan tanto a las demandas de justicia como a la necesidad de reducir la violencia en los territorios afectados. La experiencia con el Clan del Golfo marcará, sin duda, el futuro de cualquier política integral de paz en Colombia.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y cuál es su función en los diálogos de paz?
Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) son espacios delimitados donde los integrantes de un grupo armado en proceso de desmovilización pueden concentrarse, bajo supervisión estatal y con garantías de seguridad, mientras avanzan las negociaciones de paz. Su objetivo es facilitar la transición de la vida armada hacia la legalidad, permitiendo el monitoreo, control y atención humanitaria de quienes participan en el proceso. El establecimiento de las ZUT, acordado en los diálogos con el Clan del Golfo en Catar, tiene relevancia porque implica retos legales significativos: la ley colombiana exige que existan condiciones avanzadas de negociación para su implementación, y actualmente el marco jurídico es insuficiente para regular estas zonas de manera clara y eficaz. Además, está en duda la capacidad gubernamental para financiar los gastos operativos y logísticos de su funcionamiento. Esta figura es vista, entonces, tanto como una oportunidad para el avance del proceso, como una fuente de incertidumbre respecto a su viabilidad y legalidad en el actual contexto negociador.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
