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El departamento del Quindío vive un periodo crucial en la definición y gestión del uso de su territorio, enfrentando el reto de armonizar procesos modernos de urbanización y dinámicas económicas con marcos normativos cada vez más desactualizados. La planificación territorial, que debería orientar y anticipar el crecimiento regional, se encuentra rezagada frente a fenómenos como la expansión urbana, la reconversión económica y el auge del turismo. Según lo documentado por Crónica del Quindío y declaraciones del secretario de Planeación departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, once de los doce municipios aún operan bajo esquemas adoptados al inicio de este siglo, y ni siquiera la capital, Armenia, ha logrado que su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) esté en sintonía con las realidades actuales.
Este retraso en las actualizaciones supone un desafío estructural y no meramente técnico. La normativa nacional exige una revisión profunda de los POT cada 9 o 12 años, pero la mayoría de los municipios no han cumplido con este requisito. Como consecuencia, la toma de decisiones sobre el uso del suelo enfrenta problemas prácticos, profundizando conflictos entre urbanización, actividades productivas y protección ambiental. La falta de lineamientos modernos limita la respuesta ante presiones nuevas, como la ocupación de áreas rurales con propósitos distintos a los previstos y la consolidación de polos urbanos allí donde la planificación vigente ni siquiera los contemplaba.
Los intentos de superar este rezago avanzan de manera desigual. Mientras Córdoba y La Tebaida han impulsado procesos financiados por el Sistema General de Regalías, otros como Circasia, Quimbaya y Montenegro apenas consolidan equipos técnicos y diagnósticos territoriales preliminares. Incluso donde existen propuestas, como Salento, decisiones judiciales han frenado su adopción definitiva. Así, ningún municipio ha completado con éxito una revisión estructural de su esquema de ordenamiento territorial.
De acuerdo con la Secretaría de Planeación, las causas de fondo están asociadas a problemas estructurales: deficientes capacidades técnicas y presupuestales a nivel local, ausencia de un enfoque articulado que mire al departamento de manera integrada, y crecientes exigencias ambientales que obligan a redimensionar la planificación en torno a recursos estratégicos como el agua.
Ante ello, el gobierno departamental ha desplegado su Plan de Ordenamiento Departamental (POD) desde 2023, gestionando recursos que superan los 20.500 millones de pesos para estudios técnicos, cartografía actualizada y análisis de riesgo. Además, ha trabajado en la redefinición de los límites municipales y en superar obstáculos históricos como la falta de estudios de riesgo. Sin embargo, aún se está en una etapa inicial, pues las proyecciones apuntan a que sólo a partir de 2027 algunos municipios comenzarán ejercicios de participación ciudadana y concertación ambiental.
Los retos son diversos y varían según cada municipio: Armenia enfrenta desafíos de expansión urbana y movilidad; Salento y Filandia lidian con la presión del turismo; localidades como Pijao y Génova sufren despoblamiento rural. Los instrumentos de ordenamiento son diferentes según el tamaño y complejidad de los municipios: el POT para Armenia, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) para poblaciones intermedias y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios rurales. Todos, sin embargo, comparten la función esencial de definir el uso racional y sostenible del suelo y la disposición del territorio de cara a las próximas décadas.
¿Qué significa “gestión del riesgo” en la planificación territorial del Quindío?
La expresión “gestión del riesgo” se emplea reiteradamente en los procesos de actualización de los planes de ordenamiento territorial del Quindío. Este término hace referencia al conjunto de acciones, estudios y disposiciones orientadas a identificar, prevenir y reducir posibles amenazas naturales o antrópicas que puedan afectar el desarrollo urbano y rural del departamento.
Su relevancia radica en que la planificación más reciente exige la incorporación de mapas de amenazas por deslizamientos, inundaciones, sismos y otros riesgos, de modo que los proyectos urbanos y rurales sean seguros y sostenibles. Así, la gestión del riesgo se convierte en uno de los insumos principales para definir dónde, qué y cómo se puede construir, protegiendo tanto a la población como a los recursos estratégicos del territorio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?
En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).
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