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El Gobierno nacional compareció ante el Congreso de la República para explicar los alcances y criterios del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, apuntando a la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo. Según lo planteado, el piloto se implementaría, si se levanta la suspensión vigente, en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán, zonas críticas en la producción de hoja de coca.
Durante el debate de control político, el ministro de Justicia, Iván Cancino, acompañado por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, planteó los desafíos que enfrenta la erradicación manual en Putumayo, dado el alto riesgo de minas antipersonales que ponen en peligro tanto a campesinos como a miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con Carrasquilla, Putumayo lidera a nivel nacional en hectáreas sembradas de hoja de coca, con una cifra estimada en 40.000 hectáreas. La funcionaria precisó que el plan piloto únicamente prevé la fumigación de 1.000 hectáreas.
El ministro Cancino subrayó que el programa no pretende experimentar con la salud humana. Explicó que el objetivo es analizar el efecto del glufosinato de amonio sobre los cultivos de coca, cumpliendo las normas constitucionales y procurando el menor impacto en las comunidades. Afirmó: “Este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión; se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”.
El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, manifestó su preocupación frente a la iniciativa, indicando que el anuncio gubernamental ha suscitado “zozobra y temor” en la población debido a experiencias previas, cuando muchas personas sufrieron afectaciones de salud, incluidas mujeres embarazadas, y hubo daño a la fauna, flora y fuentes hídricas. No obstante, confirmó la disposición del gobierno departamental de unirse a acciones legales contra los ingresos ilegales de grupos armados.
Molina recordó que en los últimos 20 años los cultivos ilícitos presentaron una reducción entre 2009 y 2011, pero luego crecieron hasta alcanzar 53.000 hectáreas; actualmente calcula en 40.500 las hectáreas de hoja de coca. Además, alertó sobre problemas crecientes de deforestación —10.000 hectáreas anuales—, consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes y la dependencia económica de 22.000 familias dedicadas a la coca.
Por otra parte, el ministro de Justicia aclaró que el plan de aspersión aérea no es la única medida en evaluación. Mencionó la posibilidad de alternativas como la aspersión manual, el uso de drones y políticas interministeriales de sustitución de cultivos, enfocándose en minimizar daños a la población y el medioambiente.
Finalmente, Cancino informó sobre el cierre definitivo de una zona de ubicación temporal para excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo, disponiendo de una comisión humanitaria para su traslado y subrayando la política gubernamental de no negociar con estos grupos, instando a acogerse a la ley ordinaria.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.¿Qué efectos tiene el glufosinato de amonio en los cultivos de coca y la población?
Según lo expuesto por el ministro de Justicia, Iván Cancino, el plan piloto busca determinar el efecto del glufosinato de amonio en los cultivos de hoja de coca, enfatizando que no está diseñado para experimentar sobre la salud humana. El objetivo del Gobierno es revisar la eficacia del compuesto químico directamente sobre las plantas, procurando evitar cualquier afectación en la población local y minimizando el impacto ambiental.
¿Cuál es la situación actual de los cultivos ilícitos y la problemática social en Putumayo?
De acuerdo con las cifras y el análisis del gobernador John Gabriel Molina, Putumayo cuenta hoy con aproximadamente 40.500 hectáreas de hoja de coca, tras haber alcanzado un pico de 53.000. Adicionalmente, el departamento enfrenta deforestación anual de 10.000 hectáreas, problemas de consumo de sustancias psicoactivas entre niños y jóvenes, y la dependencia económica de cerca de 22.000 familias vinculadas al cultivo de hoja de coca.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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