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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Ago 20, 2025 - 12:35 pm

Con un manto de preocupación y urgencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó recientemente a una marcha de travestis en Medellín en respuesta a la creciente violencia contra esta comunidad. El mandatario solicitó al Ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, organizar esta movilización con el propósito de visibilizar y rechazar la alta incidencia de crímenes contra la comunidad transgénero en la capital antioqueña.

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“En Medellín matan trans a la lata, están excluyendo de manera violenta la diferencia. Por eso pedí esa manifestación y la vamos a hacer. Florián, ojo, yo pedí una manifestación de travestis”, señaló. 

En 2025, Colombia registró la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, siendo la mayoría de ellas trabajadoras sexuales. “Estas mujeres no solo están enfrentando homicidios, sino también extorsiones múltiples diarias por parte de bandas criminales”, declaró el ministro Florián a medios locales.

Según datos de Caribe Afirmativo, organización defensora de los derechos LGBTQ+, se registraron 30 homicidios en abril de este año, más de la mitad de estos ocurrieron en Antioquia y afectaron predominantemente a mujeres trans. Además, las amenazas, lesiones y desapariciones de miembros de la comunidad también están en aumento, poniendo a la población y las autoridades en máxima alerta.

Un fantasama se cierne sobre la comunidad LGBTQ+ con el reciente asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, en Bello, Antioquia. “Sara era una de nuestras activistas más queridas y su muerte no puede quedar impune”, comentó uno de sus amigos a la emisora  Blu Radio. En reacción a este caso, la Alcaldía de Bello ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables.

La marcha “Yo Marcho Trans”, programada para julio de 2025, promete destacar temas importantes como la visibilidad trans y la promoción de la Ley Integral Trans, también conocida como Ley Sara. Esta legislación tiene como objetivo garantizar el reconocimiento legal, la salud integral, y la lucha contra la discriminación y la violencia para la comunidad trans.

El Gobierno, aunque reconoce los índices bajos de homicidio en algunos municipios, también enfatiza que la violencia contra la población LGBTIQ+ es una preocupación urgente que requiere de prioridad. Además de las iniciativas sociales y educativas, se pide aplicar políticas públicas que garanticen la vida y los derechos de las personas trans y travestis.

La arrolladora ola de violencia transfóbica que enfrenta Colombia en 2025 tiene sus raíces en ambientes de discriminación que se han acumulado a lo largo de años de exclusión y marginación. A pesar de los avances legales, la comunidad trans y travesti sigue enfrentando obstáculos considerables para alcanzar la igualdad y la justicia plena.

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