El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) han expandido su área de influencia más allá de Santa Marta, donde se les atribuye un control sobre actividades de extorsión, hasta La Guajira, departamento recientemente afectado por un paro armado de tres días. Según El Espectador, las advertencias sobre restricciones a la movilidad y posibles represalias fueron difundidas a través de mensajes y videos firmados supuestamente por Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Nain” o “Bendito Menor”, identificado como uno de los principales líderes de las ACSN. Estos materiales digitales generaron inquietud entre la población y señalaron la posibilidad de limitar la libre circulación en distintos municipios.
Pese a la circulación de estos avisos, el Estado Mayor Conjunto de las ACSN emitió un comunicado desmarcándose del supuesto paro armado y cuestionando la autenticidad del video atribuido a “El Menor”. De acuerdo con el propio grupo, no existía comunicación con ese cabecilla, lo que les impedía confirmar la veracidad del contenido divulgado en redes sociales. El comunicado insistió en que “no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público” en las zonas bajo su influencia, e hizo un llamado a la calma, dirigido especialmente a la sociedad civil y a los comerciantes locales.
No obstante, la percepción de inseguridad y la presencia conocida de las ACSN desencadenaron una reacción inmediata. Sin necesidad de una orden oficialmente confirmada en cada municipio, gran parte de la región acató un cierre generalizado. “Hubo afectaciones de diversas maneras, tanto psicológicas como económicas; estamos perdiendo plata, no tenemos cómo pagar empleados, servicios o arriendo”, señaló Luis Salazar, comerciante de Riohacha, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol. Este testimonio refleja el alcance de las medidas asumidas en anticipación a posibles riesgos.
El contexto de la amenaza fue acompañado por alertas institucionales. La Defensoría del Pueblo identificó la consolidación de amenazas sobre un paro armado de 72 horas en La Guajira y urgió la pronta intervención de las autoridades para proteger a la población civil. El organismo también reconoció el riesgo de afectaciones directas a comerciantes y comunidades expuestos al clima intimidatorio de esos días. Se reiteró la importancia de abordar este fenómeno dentro de los escenarios de diálogo en curso entre el Gobierno y las ACSN, conocidos localmente como “Los Pachencas”.
En ese mismo sentido, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó la atención sobre el peligro que tales amenazas representan para la vida y los derechos fundamentales de la comunidad. El organismo instó a las distintas autoridades a coordinar respuestas efectivas y proteger la integridad de la población bajo un clima tenso e incierto.
Las medidas preventivas adoptadas por los habitantes—entre ellas el cierre de negocios y la drástica reducción de la movilidad—se sostuvieron hasta el final del periodo señalado en las advertencias. Superados los tres días, comenzó la reapertura gradual de establecimientos y la normalización de las actividades diarias. Sin embargo, voces como la de Yuliet Hernández recuerdan el peso económico y social sufrido en este lapso, especialmente para quienes dependen de la economía informal o el trabajo cotidiano.
Este episodio coincide con un proceso de diálogo entre el Gobierno y las ACSN que, hasta el momento, no ha presentado avances sustanciales, según lo reflejado en el propio reportaje. Las contradicciones dentro del grupo armado y la falta de acciones claras para salvaguardar a la sociedad civil exponen la complejidad de alcanzar una paz estable en la región. Esta coyuntura demuestra la capacidad de grupos armados para alterar la vida cotidiana, incluso cuando la veracidad de las amenazas no pueda ser plenamente comprobada.
En suma, la experiencia reciente en La Guajira ilustra cómo los temores ante advertencias armadas pueden transformar por completo el ritmo de la vida local, más allá de los comunicados o la presencia institucional.
¿Qué significa un paro armado y por qué tiene tanto impacto en la vida cotidiana?
En el contexto colombiano, un paro armado es una amenaza difundida por grupos ilegales que impone restricciones a la movilidad, el comercio y otras actividades, bajo el riesgo de represalias. Normalmente, el solo anuncio de un paro armado es suficiente para que la población adopte medidas preventivas estrictas, limitando sus movimientos y cerrando negocios, como se observó en La Guajira.
El impacto de estas acciones es inmediato y profundo: la economía local se paraliza, los ingresos de trabajadores informales y pequeños empresarios se ven gravemente afectados y aumenta el temor colectivo. Aunque las autoridades y organismos internacionales insisten en la importancia de proteger a la población y restablecer la confianza, la sola circulación de amenazas evidencia la fragilidad institucional y la persistencia del control de facto de grupos armados en algunas regiones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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