El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han elevado voces de preocupación ante la reciente entrada en vigor de la Ordenanza 44 en Antioquia, argumentando que esta norma afecta el acceso a la información pública y obstaculiza el seguimiento a temas de seguridad y derechos fundamentales en el territorio. Según expone el diario El Colombiano, la Asamblea departamental aprobó la disposición para redefinir el funcionamiento del Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia de Antioquia (CIACA). Desde el 25 de septiembre, la información gestionada por este ente quedó bajo reserva, una medida que ha desmontado prácticas previas de divulgación de informes diarios a ONG y medios de comunicación.
Previamente, diferentes organizaciones como la Fundación Sumapaz y Corpades (Corporación para la Paz, el Desarrollo y la Democracia) utilizaban los reportes diarios del CIACA para elaborar análisis sobre la situación de los derechos humanos y el conflicto en diversas subregiones. Esta colaboración les permitía monitorear fenómenos críticos y denunciar violaciones, fortaleciendo la transparencia y la incidencia social. Sin embargo, la última vez que Sumapaz recibió dichos informes fue el 9 de enero, hecho tras el cual la organización interpuso, sin éxito, acciones jurídicas para restablecer el flujo de información. Según El Colombiano, las autoridades respondieron que estos datos eran ahora confidenciales, lo que motivó un litigio que culminó con un fallo desfavorable para la ONG, trasladando la competencia sobre la información a la Policía y la Unidad Nacional de Víctimas.
En declaraciones recogidas por El Colombiano, los investigadores de Sumapaz interpretan la medida como una estrategia de la Gobernación para reducir la presión de acciones judiciales y limitar la información disponible sobre el conflicto en Antioquia. Aducen que el carácter reservado establecido por la Ordenanza 44 contradice normas sobre acceso a la información y dificulta gravemente el trabajo de defensa de derechos humanos. Desde la perspectiva de la administración departamental, consultada por el mismo medio, la justificativa radica en el cumplimiento de la Constitución, la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), la Ley 1712 de 2014 (relacionada con transparencia y acceso a la información pública) y la Ley 1755 de 2015 (que regula el derecho de petición), normas que, según señalan, exigen clasificar y proteger ciertos datos relacionadas con la seguridad y la convivencia en la región.
El texto aprobado por la Asamblea subraya que toda la información y los productos derivados del CIACA deben clasificarse según el acceso permitido y las restricciones legales vigentes, insistiendo en la noción de “carácter reservado o clasificado”. Ante este panorama, Sumapaz y otras ONG no descartan interponer demandas en el ámbito administrativo debido a la afectación directa que sienten en su labor de control social y veeduría de derechos humanos.
En contraste, la Gobernación niega que oculte información y recalca que las estadísticas oficiales de homicidios y delitos continúan accesibles por los canales regulares dispuestos por organismos de seguridad y justicia. Además, defiende que la administración está enfocada en la reducción efectiva de las cifras, mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la articulación con municipios y la realización de consejos de seguridad en las mismas subregiones afectadas. Pese a ello, el debate persiste entre la necesidad de proteger datos delicados y el derecho de la sociedad a conocer, en tiempo real, la evolución de la violencia y el conflicto en Antioquia.
¿En qué consiste la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública? Esta ley, mencionada por la Gobernación de Antioquia, es uno de los marcos normativos que regula el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública producida o en poder de autoridades y entidades estatales. La Ley 1712 establece principios, procedimientos y obligaciones tanto para quienes solicitan datos como para las entidades que los administran. Es relevante en este contexto porque delimita bajo qué circunstancias ciertas informaciones pueden ser clasificadas como reservadas o confidenciales, lo que resulta clave en los debates actuales sobre seguridad y derechos humanos en Antioquia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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