El Congreso de la República tiene en sus manos el destino del Ministerio de Igualdad y Equidad esta semana. El plazo máximo otorgado por la Corte Constitucional para ratificar la entidad está por vencer. Solo resta un mes para definir su futuro legal.
‘Lucho’ Acosta, actual ministro de la cartera, lidera una defensa férrea de la institución frente a los legisladores. Acosta sostiene que el país necesita una entidad dedicada exclusivamente a combatir las brechas sociales más profundas de la nación.
Según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas del 2025, Colombia ocupa un lugar vergonzoso. El país es el tercero más desigual del mundo y lidera este indicador negativo en toda América Latina.
Millones de ciudadanos enfrentan barreras históricas para acceder a derechos básicos y oportunidades reales. Durante décadas, las políticas para mujeres y comunidades étnicas permanecieron dispersas en diversas oficinas estatales sin ninguna coordinación centralizada ni enfoque integral.
El ministro ‘Lucho’ Acosta explica en entrevista a El Tiempo que la entidad nació para cerrar esas brechas y priorizar la igualdad. El funcionario afirma que “hoy el ministerio de Igualdad y Equidad depende de la fuerza y la voluntad del Congreso” nacional.
Los críticos del Gobierno señalan bajos niveles de ejecución presupuestal y diversas controversias administrativas. Sin embargo, Acosta defiende la gestión argumentando que levantar una institución desde cero implica retos financieros y territoriales inmensos para cualquier administración.
Él reconoce que existen aspectos por mejorar en la operación diaria del ministerio. No obstante, advierte que reducir la discusión a simples cifras ignora el propósito de fondo de la arquitectura institucional creada en estos años.
El Gobierno logró construir una representación directa para poblaciones que nunca tuvieron voz en el poder central. Acosta insiste en que los cambios estructurales demandan continuidad, resistencia y persistencia para lograr resultados que sean realmente transformadores.
Desmontar la entidad en su etapa inicial interrumpiría políticas sociales que apenas comienzan a consolidarse en los territorios. El logro principal de la cartera ha sido poner la equidad en el centro de la conversación pública.
Actualmente, el ministerio articula acciones para jóvenes, mujeres y comunidades invisibilizadas durante siglos. Los resultados muestran más de 30.000 jóvenes participando en programas de paz en zonas de alta conflictividad social y armada del país.
La inversión en autonomía económica para 5.200 mujeres alcanzó los 37.000 millones de pesos recientemente. Además, el Sistema Nacional del Cuidado ya fortalece a más de 220 organizaciones comunitarias que realizan labores históricamente no remuneradas.
En el área de protección, la línea SALVIA 155 ofrece una atención oportuna frente a las violencias de género. El ministerio indica que también diseñó políticas públicas sin precedentes para el campesinado, los derechos LGBTIQ+ y la eliminación del racismo.
Acosta asegura que cerrar el ministerio sería darles la espalda a las mayorías del pueblo colombiano. Las comunidades más marginadas sintieron por primera vez que el Estado tenía una oficina propia para atender sus necesidades específicas.
Si el Ministerio de la Igualdad desaparece, según Acosta, las funciones volverían a quedar dispersas y perdidas entre múltiples dependencias estatales. Agregó que el país retrocedería en derechos humanos y faltaría a sus compromisos internacionales adquiridos en diversos foros globales de protección.
Todos los programas sociales mencionados quedarían en un riesgo inminente de parálisis administrativa. También se frenarían los procesos de articulación regional que permitieron atender emergencias climáticas de manera eficiente en departamentos como Córdoba.
El ministro enfatiza que cerrar la cartera equivale a desechar tres años de ardua construcción institucional. Esta arquitectura llega hoy a municipios y departamentos donde el Estado colombiano nunca había tenido una presencia física ni social.
Frente a quienes califican la entidad como algo meramente simbólico, el ministro invita a consultar en las regiones. Los habitantes de los territorios excluidos perciben cambios reales gracias al reconocimiento del oficio de la partería y el cuidado.
Pueblos étnicos y personas con discapacidad cuentan hoy con una entidad capaz de ejecutar políticas estatales directas. La desigualdad no se resuelve sola y requiere el compromiso del Estado más allá de un partido o gobierno particular.
Está en juego saldar la deuda histórica con quienes menos han tenido en nuestra sociedad. Como indicó el presidente de la República desde el Chocó, se requiere institucionalidad para cumplir fielmente con el Estado Social de Derecho.
El ministro hace un llamado urgente a los congresistas para que reflexionen sobre su voto histórico. La memoria del país registrará quiénes respaldaron la continuidad de una entidad creada específicamente para cerrar las brechas sociales más injustas.
“Se trata de defender la vida, la dignidad y la igualdad de todo el país”, puntualizó el funcionario. Acosta invita a todas las poblaciones a defender el ministerio desde su propia lucha, palabra y caminar diario.
La decisión parlamentaria definirá si Colombia mantiene una herramienta técnica para superar la pobreza extrema. El futuro de millones de jóvenes y mujeres vulnerables depende hoy de la voluntad política en el Capitolio Nacional.
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