En total son 4222.960 migrantes los que ya cuentan con su permiso para permanecer legalmente en territorio colombiano, pero solo 218.108 están afiliados al sistema de salud; 61 % de ellos, en el régimen subsidiado y el 39 % restante, en el contributivo. Han sido necesarios 2.5 billones de pesos anuales para el aseguramiento de esta población.
Parte de esos buenos resultados —que además evitaron problemas de salud pública en Colombia— se lograron gracias a la cooperación internacional, en especial de Estados Unidos, pues la USAID (agencia que promueve el desarrollo desde ese país) diseñó un programa de comunidades saludables desde 2019, cuando se disparó el fenómeno migratorio de Venezuela hacia Colombia.
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Para ese momento, el país vivió una emergencia sanitaria que la agencia estadounidense ayudó a mitigar promoviendo la integración de la población migratoria —incluidos los colombianos retornados— al sistema de salud. De esta forma, se logró una “transición para que las personas tengan un acceso mucho más amplio a servicios esenciales de salud y que fortalece su proyecto de vida en el país”, explica Alejandro Díaz, especialista en salud de USAID Colombia.
La agencia señala que su experticia les sirvió de apoyo a los entonces gobiernos nacional y departamentales para construir y cocrear con ellos estrategias efectivas con las que se afiliaron a 133.322 personas al cierre de 2023, en comparación con las 36.893 que contaban con el servicio en 2021.
Por ello, llaman la atención del Gobierno Nacional, hoy en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que preste atención a estos logros y apoye que sean sostenibles en el tiempo. Así lo expresó Díaz:
“Hay un elemento clave y es el cambio de gobierno y el reto que tenemos nosotros de posicionar los temas de salud y migración otra vez en la agenda, y de seguir brindando toda nuestra asistencia y nuestro apoyo para que esta agenda no muera y siga. Que esto esté incluido dentro de los planes locales de desarrollo de las secretarías de salud y evitar que estos avances queden en el limbo”.
A ese llamado se unió Miguel Pulido, director del programa Comunidades Saludables de USAID, quien detalló que ellos han buscado garantizar que el conocimiento se mantenga en las entidades de salud trabajando con los colaboradores de planta del sector en todo el país, pero aun así requieren el apoyo de los mandatarios de turno y los asesores que les ayudan a tomar las decisiones.
“El tema más clave de todo es que también se vinculen los recursos estas acciones. Este primer trimestre hay un trabajo fuerte con los nuevos gobiernos para que estas acciones se vinculen a los presupuestos y planes de gobierno que van para los siguientes 4 años”, puntualizó Pulido.
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Las líneas de trabajo de estos programas se centraron en el COVID-19 y la vacunación durante la pandemia, el enfoque de género, la salud materna y también la salud mental que llegó con lo que los expertos llaman un “duelo migratorio” provocado a partir de la incertidumbre, la falta de acceso a servicios, la fragmentación familiar y a la imposibilidad de ejercer sus derechos.
Díaz y Pulido, desde la agencia, insisten en que para el éxito de estos programas es vital optimizar los recursos y se han enfocado en que luego de los próximos meses de trabajo, en los que se cerrará el proyecto, no se pierdan los avances en esta materia y vuelva un problema que se frenó a tiempo con lo hecho estos 4 años.
“Para el 2024 el programa ha generado capacidades técnicas, operativas y de gestión sostenibles. La idea no es ayudar mientras está vigente el proyecto y que después los gobiernos no tengan con qué pagar y acaben la estrategia. La idea de la inversión es que todos los programas y proyectos en cada uno de los territorios tengan la capacidad de darle sostenibilidad al trabajo”, puntualizó el director del programa.
Entre los retos a los que se enfrentó la agencia con su programa fue el cambio en los flujos migratorios de los últimos años, porque antes eran principalmente hombres jóvenes y ahora es cada vez más familiar; además, se amplió la perspectiva por los nuevos corredores migratorios en los que los migrantes se mueven, bien sea para integrarse o de tránsito, así como los nodos donde suceden las dos cosas.
Para ello fue necesario “desconcentrar esa asistencia y llevarla a otros lugares y ponerle la lupa al estrés del sistema de salud en otros municipios, que van a seguir recibiendo mayor población migrante y van a tener un riesgo latente de no contar con ciertas condiciones y capacidades para atender la situación de flujo y sobre todo el riesgo de salud pública que podría desencadenarse en estos escenarios”, detalló Díaz.
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Estas son algunas de las rutas habituales de la población migrante que identificó la agencia estadounidense:
Migrantes venezolanos y su atención en salud, en cifras
- 897.185 atenciones en salud a la población migrante de Venezuela entre enero de 2022 y septiembre de 2023.
- 29.164 migrantes venezolanos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 54 jornadas de aseguramiento, en alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá, entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.
- 104 personas gestantes capacitadas en prácticas saludables durante el embarazo y cómo reconocer las señales de alarma a trevés de los Cursos de maternidad y paternidad responsable.
- 4.096 cajas entregadas a las subredes integradas de salud (sur-occidente, centro-oriente y Norte) que contenían 111 referencias de medicamentos e insumos médicos valoradas en más de 120 millones de pesos.
Además, se disminuteron las atenciones por urgencias:
Los migrantes interesados en tener más información sobre sus deberes y derechos para acceder a servicios pueden consultar el micrositio Yo soy migrante en la página web de la Secretaría de Salud de Bogotá.
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