Escrito por:  Redacción Nación
Ago 29, 2025 - 4:42 am

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, diseñado para garantizar la nutrición básica de los estudiantes en el sistema público, enfrenta una amenaza crítica.

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Cifras recientes estiman que alrededor de 500.000 niños podrían perder el acceso a este servicio esencial, debido a fallos administrativos y financieros entre alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales.

A pesar del aumento significativo en la inversión, que pasó de 3,3 billones de pesos en 2022 a más de 5,2 billones en 2024, la expansión de la cobertura no ha cumplido con lo proyectado, según informó El Tiempo.

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La alerta fue presentada por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), que hace parte del Ministerio de Educación.

¿Cuál es la cobertura del PAE en 2025?

Para junio de 2025, los reportes indican que apenas se alcanzó un 76,14% de la cobertura prevista, de acuerdo con el rotativo. Las zonas más afectadas son precisamente aquellas con mayores índices de vulnerabilidad social, donde el PAE representa no solo un apoyo alimenticio, sino también un incentivo clave para la permanencia escolar, según información del Gobierno Nacional.

Uno de los casos más preocupantes se presenta en el departamento del Tolima. A pesar del incremento nacional del 67% en los recursos del PAE, la gobernación ha mostrado un bajo compromiso. Como resultado, desde el 13 de agosto de 2025, los contratos fueron suspendidos, dejando a 77.000 estudiantes sin acceso a alimentación dentro de sus instituciones educativas.

Ante este panorama, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), ente responsable de vigilar el cumplimiento del programa, emitió un pronunciamiento contundente.

“Este año entregamos al Tolima 60 mil millones de pesos. El departamento retiró 15 mil millones, y quien incurre en el desfinanciamiento no es el Gobierno Nacional, sino la entidad territorial”, señaló Sebastián Rivera Ariza, director de la UApA.

Esta situación refleja graves deficiencias en la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. La falta de articulación efectiva y el uso inadecuado de los recursos públicos comprometen el derecho fundamental a la alimentación y la continuidad educativa de miles de menores en todo el país.

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