Los magistrados Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, radicarán en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia final de la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En el documento concluyen que sí hubo violación de topes electorales, que habrían superado los 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta.
Por ello, piden sanciones contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, así como contra otros responsables y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El proyecto será discutido en la Sala Plena del CNE, donde se necesitarán seis votos de los nueve magistrados para que se convierta en decisión vinculante. Este avance se da después de que la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, fuera apartada del proceso.
Cabe resaltar que, en un inicio, el CNE había incluido al presidente Gustavo Petro en la investigación, pero la Corte Constitucional determinó que este tribunal no tenía competencia para investigarlo directamente.
De esa forma, las indagaciones se concentraron en los responsables financieros y directivos de la campaña, entre ellos la tesorera Lucy Aydée Mogollón y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
¿Decisión de magistrados afecta a Gustavo Petro?
La Corte Constitucional ya estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigar ni sancionar a un mandatario en ejercicio, por lo que Petro quedó por fuera del proceso.
La investigación se centra en el gerente de la campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), en la tesorera, en los auditores y en los partidos que avalaron la candidatura (Colombia Humana y la UP).
Sin embargo, aunque no tiene consecuencias jurídicas inmediatas para Petro, sí puede tener un impacto político: alimenta la narrativa de la oposición sobre presuntas irregularidades en su campaña y mantiene el tema en la agenda pública.
Además, dependiendo de las sanciones que se impongan a sus aliados y partidos, podría afectar el entorno político y de gobernabilidad del presidente.
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