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Aerocafé, el anhelado aeropuerto situado en Palestina, Caldas, representa una de las aspiraciones más persistentes de la región cafetera y, al mismo tiempo, un símbolo de las dificultades históricas de la infraestructura pública en Colombia. Durante más de cuarenta años, promesas incumplidas y numerosos reveses contractuales han erosionado la confianza ciudadana. Así lo reconoció el alcalde Álvaro Andrés Osorio Valencia, quien señaló que los errores de administraciones pasadas han dejado “heridas abiertas”, instando a que el proyecto se convierta en aprendizaje y ejemplo de mejores prácticas futuras, según informó el diario LA PATRIA. Esta visión crítica es compartida por la actual ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien admitió públicamente que el proyecto, lejos de sólo expectativas, ha generado “frustración, dolor y rabia” dentro de la comunidad. Rojas resaltó que, a pesar de los tropiezos, la continuidad de Aerocafé se debe en buena medida a la "persistencia infinita" del presidente Gustavo Petro.
El entramado político-administrativo que rodea a Aerocafé es fundamental para entender tanto sus demoras como sus recientes avances. En julio de 2022, la obra se paralizó debido a sanciones impuestas al contratista principal, Grupo Ohla (Obrascón Huarte Lain), quien debió devolver $4 mil millones por resolución de un tribunal de arbitraje colombiano. Más adelante, la insuficiencia de oferentes en la precalificación licitatoria de julio de 2025 evidenció una continuidad de obstáculos, lo que obligó a revertir el proceso y pausó nuevamente la ejecución, tal como documenta LA PATRIA.
Frente al creciente escepticismo social, el presidente Petro despliega una estrategia de restart institucional: el 25 de agosto de 2025, anuncia la apertura de la licitación para el “lado aire” del aeropuerto, bajo nuevos principios de transparencia y pluralidad. Entre las medidas adoptadas se destacan la promoción internacional del proyecto, la prohibición de resolver disputas en tribunales del país del contratista y la amplia divulgación de los documentos licitatorios para garantizar la fiscalización ciudadana. Estas directrices surgen directamente de crisis contractuales previas, como la licitación de pasaportes, que llegaron a provocar la renuncia de altos funcionarios de su gobierno.
La historia de Aerocafé está marcada por una sucesión de promesas incumplidas desde la bonanza cafetera de 1977. Durante casi cinco décadas, el proyecto ha sido citado como ejemplo de iniciativas de infraestructura que nunca se concretan, a pesar de ser considerado clave para el desarrollo del Eje Cafetero. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, califica la situación como “una paradoja de la historia impresionante”, explicitando la magnitud del desencanto acumulado en la sociedad caldense.
Desde la perspectiva financiera, el presupuesto asignado asciende a $828 mil millones de pesos colombianos. Según Fernando Merchán Ramos, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, $639 mil millones están orientados a infraestructura aeronáutica (pista y soporte técnico-operativo), mientras que $189 mil millones se destinarán a subterranización de una torre eléctrica, otras obras complementarias y costos administrativos. Las proyecciones oficiales esperan la adjudicación del contrato en noviembre de 2025 y la finalización de la obra para finales de 2028, es decir, tras unos tres años de construcción (datos de LA PATRIA).
La relevancia de Aerocafé se expresa en su potencial de movilizar hasta un millón de pasajeros por año y generar 15 mil empleos directos e indirectos en su fase de construcción. La existencia de una pista de 1.460 metros por 30 metros permite anticipar nuevos circuitos de comercio, turismo y conectividad, factores especialmente urgentes en una región con grandes rezagos en infraestructura aeroportuaria y demanda sostenida de servicios aéreos (LA PATRIA).
Expertos y organismos independientes, como la Fundación Gabo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), han insistido en que la transparencia y la vigilancia ciudadana en los procesos de contratación pública son condiciones insustituibles para evitar que grandes proyectos como Aerocafé se conviertan en “elefantes blancos”. Esta visión se consolida con los ejemplos positivos que aporta El Espectador sobre el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuyo éxito fue posible gracias a décadas de inversión y reformas institucionales continuas.
En síntesis, Aerocafé se encuentra hoy en una coyuntura decisiva, donde la credibilidad institucional, la pluralidad de la competencia licitatoria y la vigilancia activa de la ciudadanía definirán si el proyecto trasciende su historia de promesas incumplidas y logra consolidarse como verdadero motor de desarrollo regional. El éxito de Aerocafé significaría no solo un avance en infraestructura, sino también un hito en la demanda de una gestión pública más eficiente y responsable en Colombia (Fuentes: LA PATRIA, Fundación Gabo, CLIP, El Espectador).
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué significa “lado aire” en proyectos aeroportuarios?
En la jerga de la ingeniería aeroportuaria y según lo explicado por fuentes técnicas del sector, el término “lado aire” hace referencia al área del aeropuerto que comprende todas las instalaciones y operaciones relacionadas con la aeronavegación: pistas, calles de rodaje, plataformas y demás infraestructuras técnicas necesarias para recibir y despachar aeronaves. En contraste, el “lado tierra” corresponde a la zona de acceso público, como terminales de pasajeros, áreas administrativas o estacionamientos. En Aerocafé, la construcción del “lado aire” es prioritaria porque habilitará la base operativa esencial para el funcionamiento del aeropuerto, de ahí que concentre la mayor parte del presupuesto asignado.
¿Cómo impactan los retrasos y sobrecostos de obras públicas en el desarrollo regional?
El impacto de los retrasos, sobrecostos y problemas de transparencia en obras públicas como Aerocafé va más allá de la simple postergación de servicios: afecta la competitividad, la confianza social en la institucionalidad y, en muchos casos, perpetúa brechas históricas de desarrollo. Según estudios citados por la Fundación Gabo y CLIP, cuando los proyectos de infraestructura no se completan o se ejecutan deficientemente, la región pierde oportunidades de inversión, generación de empleo y acceso a mercados. A largo plazo, esto puede traducirse en menor crecimiento económico, escasa movilidad social y una imagen deteriorada frente a posibles inversionistas nacionales e internacionales.
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