La detención de Walter Esteban Yonda Ipía, alias ‘Sebastián’, y Carlos Steven Obando, alias ‘El Mono’, acusados de ejecutar el ataque con cilindros bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, abrió un debate sobre los alcances de la llamada ‘paz total’ del Gobierno.
Ambos fueron imputados por homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas y explosivos.
La Fiscalía imputó a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas,… pic.twitter.com/rleC2D9oG0
Según la Fiscalía, eran los encargados de conducir dos camiones cargados con más de 300 kilos de explosivos hasta las instalaciones militares, en una acción atribuida a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.
Con el Gobierno adelantando mesas de diálogo con distintos grupos armados y tramitando en el Congreso una ley de sometimiento, surge la pregunta: ¿pueden personas señaladas de terrorismo obtener beneficios jurídicos?
Qué pasará con los capturados por atentado en Cali
Consultados por El Tiempo, dos exfuncionarios del ente acusador fueron claros en señalar que no. El exdirector del CTI, Julián Quintana, aseguró que los capturados “deben responder bajo el marco jurídico ordinario”, expuso que No pueden recibir beneficio alguno ni ser considerados gestores de paz, porque los delitos que se les imputan no son políticos, sino crímenes de guerra.
Por su parte, el exfiscal general Guillermo Mendoza subrayó que el marco de la ‘paz total’ todavía no está completamente definido, pero precisó que “un acto de terrorismo de esa clase no podría aplicar a normas de justicia transicional”.
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