El Ministerio Público emitió un concepto clave en el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, señalando serios hallazgos sobre presuntas infracciones en el manejo financiero de dicha campaña.
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Según la Procuraduría General de la Nación, existen indicios de que se excedieron los topes de gasto permitidos durante la primera vuelta presidencial, así como omisiones en los reportes de pagos relacionados con eventos de la segunda vuelta.
Las pruebas recabadas por el CNE incluyen documentos que sugieren que los gastos realizados por la campaña superaron en más de 154 millones de pesos colombianos el límite autorizado para la primera vuelta.
Además, la Procuraduría detalló que se habrían omitido registros de pagos de eventos realizados en la segunda vuelta, afectando la transparencia que debe caracterizar los procesos electorales, de acuerdo con Semana.
#ATENCIÓN | Procuraduría pide al CNE sanción contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por violación de topes en la campaña Petro Presidente. pic.twitter.com/IGO2zKMLaH
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 28, 2025
Presuntas irregularidades financieras detectadas en la campaña de Gustavo Petro
Uno de los aspectos más críticos señalados en el concepto del Ministerio Público es el ocultamiento parcial o total de los valores asociados a eventos de campaña.
En particular, se menciona un evento llevado a cabo el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá, cuyo costo real fue de 100 millones de pesos más de lo reportado oficialmente. Estos recursos, según la investigación, habrían sido cubiertos por un tercero y no incluidos en los registros financieros entregados al CNE.
El entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, fue señalado directamente por la Procuraduría como responsable de la omisión deliberada de estos valores. Junto a él, se mencionó a otros miembros clave del equipo financiero y de auditoría de la campaña, como Lucy Aydee Mogollón Alfonso (tesorera), María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez (auditores).
Para todos ellos, se recomendaron sanciones específicas por el presunto incumplimiento de las normas que rigen la financiación de campañas políticas.
Procuraduría pide sanciones y nuevas investigaciones
Como medida sancionatoria, la Procuraduría propuso al Consejo Nacional Electoral imponer una multa equivalente al 1% de los fondos públicos entregados por el Estado para financiar la campaña en primera vuelta, la cual sería impuesta al gerente de la campaña, Ricardo Roa. Además, se solicitó la devolución de los recursos cuyo uso no fue reportado adecuadamente, suma que asciende a 154.262.381 pesos.
El concepto resalta la competencia legal del CNE para continuar con las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes, recordando que la normativa vigente no establece un límite de tiempo para que este organismo ejerza sus funciones de control y vigilancia sobre las campañas electorales. Según documentos obtenidos por la revista Semana, la Procuraduría considera que el CNE cuenta con todas las facultades necesarias para sancionar cualquier irregularidad comprobada.
El informe también incluye observaciones sobre otras conductas irregulares en la gestión financiera de la campaña, como la emisión sistemática de facturas que luego eran anuladas y reemplazadas, alterando los valores y conceptos inicialmente reportados. Estos hechos, documentados en el expediente, refuerzan la gravedad de las anomalías detectadas en el manejo de los recursos públicos y privados de la campaña.
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