En 2014, el abogado Gustavo Moreno presentaba un libro en el que reconstruía cómo falsos testigos habían engañado a la justicia en procesos como el de su clienta, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Para ese entonces, Moreno había ganado notoriedad defendiendo a congresistas y gobernadores en los procesos más relevantes. Así que no era un desconocido cuando llegó a dirigir la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Lo que sí llamó la atención fue cuando, a mediados de 2017, lo capturaron en su propia oficina. Moreno recuperó su libertad esta semana, pero la novela judicial que empezó en ese momento se sigue desenvolviendo.
(Lea también: Presos de cuello blanco, agarrados a cuchillo en La Picota; exmagistrado era el objetivo)
Moreno fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos: había recibido en Miami un soborno del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el hombre más investigado por la justicia en ese momento. Esa fue la punta de lanza del escándalo que pasó a ser llamado el cartel de la toga. En los meses que tardó el trámite de extradición, Moreno desfiló por los pasillos de la Fiscalía, la Corte Suprema y el Congreso. Ya no como funcionario, ni como abogado, sino como un testigo en uno de los mayores casos de corrupción de la historia, portando chaleco antibalas, casco y escoltado por una docena de hombres armados. Esto fue lo que dijo.
La organización criminal del ‘Cartel de la toga’
Desde sus primeras citas con la justicia, Moreno reconoció que él sí aceptó con su coequipero, el abogado Leonardo Pinilla, torcer el proceso de Lyons, pero dejó claro que no fue el único expediente que tocaron. Ante todo tipo de entidades judiciales, el abogado contó bajo juramento que junto a exmagistrados de la Corte Suprema, fiscales y otros funcionarios, habían conformado una organización criminal para exigir sobornos a políticos de todo el país y frenar las investigaciones que tuvieran en contra. En muchos casos, habló con nombre propio y pruebas que llevaron a condenas. En otros, infló lo que sabía y salpicó a personas que, luego se supo, nada tenían que ver.
El cartel de la toga se valía de las relaciones que habían construido durante años en la rama judicial varios de sus protagonistas. Por ejemplo, los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Leonidas Bustos, a quien Moreno se refiere como el “cerebro” de la organización criminal. “Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí, pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema)”, señaló Moreno en agosto de 2020 en medio del juicio contra Ricaurte.
El juzgado que condenó a Ricaurte en marzo de 2021 concluyó que, una vez dejó su cargo de magistrado, él era el encargado de conseguir clientes para el cartel de la toga. Era entonces que se los señalaba a sus colegas en la Sala Penal, encargada en ese momento de los procesos contra congresistas y gobernadores. Ahí era donde entraban al juego Gustavo Malo, ya condenado por eso hechos, y Leonidas Bustos, quien enfrenta una investigación por ralentizar procesos por parapolítica y corrupción a cambio de millonarios sobornos.
Los clientes del ‘Cartel de la toga’
Moreno le ha asegurado a la justicia que excongresistas, exgobernadores y otros políticos pagaron millonarios sobornos para frenar los procesos en su contra. Los más sonados son los exsenadores de La U, Musa Besaile y del Partido Liberal, Álvaro Ashton. Ambos aceptaron ante la justicia que pagaron millonadas para congelar los procesos que llevaba el magistrado Gustavo Malo en su contra por parapolítica. En ambos casos, lograron entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la promesa de que ayudarían a develar el entramado de corrupción que les había permitido mantener en la impunidad sus vínculos con paramilitares.
Besaile y Ashton finalmente fueron expulsados de la JEP por falta de compromiso y sus procesos volvieron a la justicia ordinaria. Mientras los juicios en su contra avanzan con las confesiones que ya hicieron, también se han iniciado procesos contra otros presuntos clientes del cartel de la toga. Por ejemplo, la exrepresentante de Putumayo, Argenis Velásquez, quien también está en juicio porque, al parecer, pagó un millonario soborno para evitar que avanzara un proceso en su contra por corrupción en la Corte Suprema. Ahora enfrenta dos juicios penales. Algo similar le ocurre al exrepresentante por Chocó, Nilton Córdoba, procesado por parapolítica y ahora en juicio por el cartel.
Hasta ahora, el único cliente del cartel que ha sido condenado es el exrepresentante de San Andrés, Julio Gallardo Archbold. Con base en el testimonio de Gustavo Moreno, la justicia determinó en primera instancia que Gallardo pagó $200 millones para engavetar un proceso por corrupción. El excongresista apeló y el expediente ahora está en manos del Tribunal de Bogotá. Lo curioso es que, a los pocos días de que un juez lo condenara por el cartel de la toga, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema lo absolvió en el proceso que había intentado frenar acudiendo a estas maniobras ilegales.
Y, luego de varios años de que Gustavo Moreno insistiera en que el exgobernador Juan Carlos Abadía también estuvo implicado en el cartel de la toga, la Fiscalía le imputó cargos este año. Según Moreno, un supuesto soborno del exmandatario liberal fue lo que impidió durante años que el fiscal Alfredo Bettín lo vinculara formalmente a un proceso de corrupción relacionado con la dotación de unas bibliotecas en el Valle del Cauca. Abadía se ha declarado inocente, pero Bettín ya reconoció su responsabilidad, fue condenado y se convirtió en otro testigo del caso. Ahora bien, no todos los nombres que ha ventilado Moreno tuvieron la misma suerte.
Por ejemplo, el abogado intentó meter al baile al excongresista de La U (hoy director del Departamento Administrativo de Presidencia) Mauricio Lizcano. Pero la Fiscalía archivó la investigación en su contra al concluir que no había una sola evidencia. Lo mismo ocurrió con los excongresistas conservadores Hernán Andrade, Julio Manzur y Luis Alfredo Ramos. Si bien, tras ser capturado, Moreno dijo que fueron clientes del cartel de la toga, en estos casos solo ha referenciado comentarios que oyó a otros miembros de la organización criminal. A la fecha la justicia no ha encontrado otros soportes para investigarlos. En todo caso, el testigo estrella de este entramado de de corrupción judicial sí ha dicho, como lo sostuvo en entrevista con este diario: “Faltan muchos nombres en el cartel de la toga”.
LO ÚLTIMO
.svg)
