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La reconocida lideresa indígena colombiana Carmelina Yule Paví, herida el sábado en un ataque de disidentes de las Farc en el convulso departamento del Cauca, y que llevó al Gobierno a suspender el cese el fuego bilateral con ese grupo en tres departamentos, murió este domingo por la gravedad de las heridas sufridas.
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Así lo informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, que detalló que la mujer de 52 años “falleció por la gravedad de sus heridas” y aseguró que “este crimen de lesa humanidad” cometido por el Estado Mayor Central (Emc), la mayor disidencia de las antiguas Farc, “no puede quedar en la impunidad”.
La lideresa, agregó la información, fue “capitana de su vereda, tejedora” y coordinó el “Tejido Mujer” del resguardo de Toribío, donde fue asesinada cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos del EMC, grupo con el que el Gobierno negocia la paz, se llevaran a un menor de edad indígena.
Otras dos personas resultaron heridas en ese ataque, por lo que el Gobierno suspendió este domingo en tres departamentos el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central.
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En un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ordenó “la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc-Ep presentes en los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”.
El Gobierno y el EMC llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz producto de la cual el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.
La suspensión del cese el fuego rige en esos tres departamentos del Pacífico colombiano donde el EMC tiene gran presencia, principalmente con la columna Dagoberto Ramos y el frente Carlos Patiño.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo habría emitido una alerta temprana para Toribio y para líderes/as y defensores de Derechos Humanos, “ las cuales señalan el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, sostuvo Indepaz.
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