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El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está a punto de obtener su libertad tras un proceso judicial que ha generado debate sobre la correcta aplicación del debido proceso. Velasco fue vinculado judicialmente por su supuesta participación en una red de corrupción dedicada a la compra de votos en el Congreso de la República, mediante la entrega de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro interpuso una tutela ante la Corte Suprema de Justicia alegando vulneración a sus derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, argumento que el alto tribunal acogió al revisar su caso.
En la tutela revisada por la Sala Penal de la Corte, Velasco sostuvo que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su detención excedió sus competencias. Según el exministro, mientras la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario, la magistrada decretó una medida de aseguramiento intramural, es decir, en establecimiento carcelario. Para Velasco, estas acciones constituyeron una extralimitación porque se impuso una restricción de la libertad más severa que la solicitada por el ente acusador. Además, denunció que se emitieron juicios anticipados de responsabilidad en su contra sin haber tenido la oportunidad de debatir pruebas en un juicio formal, situación que, de acuerdo con sus argumentos, vulnera el estándar mínimo de justicia y los parámetros constitucionales para imponer medidas de aseguramiento.
La Corte Suprema de Justicia, al analizar los hechos, concluyó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de víctimas definen los límites para actuar del juez de control de garantías. El fallo enfatizó que solo en situaciones excepcionales el juez puede imponer una medida más gravosa que la solicitada por quienes tienen dicha facultad. De acuerdo con el alto tribunal, la magistrada falló al justificar la decisión con argumentos considerados impertinentes, como la supuesta protección institucional ante la corrupción y el peligro institucional, lo que llevó a una interpretación errónea del régimen legal aplicable.
Por ello, la Corte ordenó la libertad inmediata de Velasco y dispuso que se reevalúe el tipo de medida de aseguramiento, atendiendo exclusivamente las solicitudes de la Fiscalía y dentro de los parámetros legales. Este caso se relaciona con un proceso iniciado el 30 de abril, cuando tanto Velasco como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en contratos. Según la investigación, ambos exministros habrían integrado una organización criminal cuyo propósito era comprar apoyos en el Congreso a través de la entrega de coimas y contratos, llegando a desviar 612.000 millones de pesos colombianos en el periodo comprendido entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia decidió liberar al exministro Velasco?
La Corte Suprema de Justicia consideró que el juez de control de garantías que ordenó la detención intramural de Velasco excedió sus competencias, puesto que la Fiscalía solo había solicitado arresto domiciliario. El alto tribunal estableció que una medida más gravosa solo puede imponerse en casos excepcionales y que, en este caso, los argumentos utilizados por la magistrada fueron impertinentes y carecieron de fundamento legal, por lo que ordenó la libertad inmediata del exministro y que se reevaluara la medida de aseguramiento conforme a la ley.
¿De qué se acusa a los exministros Velasco y Bonilla en el caso de corrupción de la Ungrd?
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los exministros Velasco y Bonilla enfrentan cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Se les señala de participar en una organización delictiva que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, habría ofrecido coimas y direccionado contratos en entidades como la Ungrd y el Invías para asegurar mayorías parlamentarias y promover proyectos clave del gobierno Petro.
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