Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.

Este artículo fue curado por pulzo   Nov 20, 2026 - 2:05 pm
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Este mes de noviembre marca veinte años desde la expedición en Colombia de la Ley de Infancia y Adolescencia, un instrumento central para la protección y garantía de los derechos de la niñez. Su importancia radica en que representa un cambio profundo: reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, lo que implica que gozan de la misma dignidad humana que los adultos y, por ende, tienen derecho a respeto, protección y oportunidades para expandir todas sus capacidades, así lo recuerda El Espectador.

A pesar de que esto puede parecer evidente para muchos, la realidad en el país demuestra que aún queda camino por recorrer en la asimilación de este principio. Persisten prácticas familiares que consideran aceptable golpear a los hijos, negarles el derecho a expresar sus opiniones o tomar decisiones sobre su vida sin tener en cuenta sus necesidades. Además, la violencia y el abuso siguen siendo una realidad para muchos niños que, en silencio, soportan estas experiencias. De acuerdo con el informe internacional Out of the Shadows 2026, tal como cita El Espectador, Colombia se ubica en el octavo puesto mundial y el segundo de América Latina en incidencia de delitos sexuales contra menores de edad. Por su parte, el informe Forensis 2024 de Medicina Legal reveló que en el país se registran cerca de 50 casos diarios de violencia sexual contra este grupo.

Las cifras son contundentes: diariamente, dos menores sufren homicidio, veintiocho son víctimas de lesiones personales o maltrato infantil y, en promedio, entre uno y dos niños, niñas o adolescentes son reclutados por grupos armados, según las mismas fuentes. Estos datos evidencian que, aunque exista un marco legal avanzado, la violencia, el abandono, la explotación, la pobreza y la discriminación siguen marcando la vida de una población especialmente vulnerable.

La ley, según destaca El Espectador, contempla derechos y principios que orientan la labor del Estado, la familia y la sociedad en torno a la protección infantil. El principio de corresponsabilidad exige que esta tarea no recaiga solo en una persona o institución, sino que involucre a todos los actores sociales. Además, se han implementado mecanismos de apoyo a las familias y responsabilidades concretas para las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Sin embargo, el reto de garantizar que los derechos de niños, niñas y adolescentes dejen de ser invisibles y pasen a ser prioridad sigue pendiente. Como evidencia de esto, la falta de espacios para que expresen su voz y el acceso restringido a servicios básicos siguen representando un obstáculo para su bienestar integral.

El análisis de estas dos décadas muestra avances, pero también numerosas tareas pendientes para consolidar una sociedad en la que el cuidado y la protección de la infancia sean una realidad cotidiana y compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales avances y desafíos tras veinte años de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia?

En estas dos décadas, los avances se reflejan en la consolidación de una normativa que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y en la creación de mecanismos de corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad. Sin embargo, los desafíos más urgentes siguen siendo la persistencia de altos niveles de violencia, abuso, discriminación y la insuficiente garantía de acceso a educación y salud de calidad, de acuerdo con datos citados por El Espectador.

¿Qué significa corresponsabilidad según la Ley de Infancia y Adolescencia?

La corresponsabilidad, según establece esta ley mencionada en El Espectador, es el principio que compromete simultáneamente al Estado, la familia y la sociedad en la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo que el cuidado de la infancia no recaiga únicamente en un solo actor, sino que implique el trabajo conjunto de todos.


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