Por: EL PILON SA

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Mar 9, 2026 - 2:44 pm
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La reaparición de Juliana Guerrero, delegada del presidente de la República, marcó la controvertida elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar. Su presencia en la sesión de este lunes 9 de marzo fue confirmada a través de un video adjunto al comunicado oficial que anunció la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil.

Guerrero fue una pieza clave para consolidar el bloque mayoritario que definió el rumbo de la institución para el periodo 2026-2030. Su respaldo, como delegada del presidente Gustavo Petro, alineado con los votos del Ministerio de Educación, los exrectores, las autoridades académicas y los docentes, le otorgó a Echevarría Gil la bendición definitiva del Gobierno nacional en este proceso.

La elección estuvo marcada por una inusual maniobra que ya genera tensiones. La sesión se desarrolló a las 9 de la mañana y, cuando los otros cuatro consejeros llegaron al recinto, el proceso de votación ya había concluido con los cinco sufragios a favor del nuevo rector, dejando sin participación al resto del cuerpo colegiado.

(Vea también: Ordenan devolverle la rectoría de la Universidad Nacional a José Ismael Peña)

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El protagonismo de Guerrero en este escenario revive las múltiples polémicas que han rodeado su figura durante los últimos meses. La delegada presidencial ha estado en el centro del debate nacional tras revelarse presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional en la Fundación Universitaria San José, institución que la habría graduado de manera exprés sin cumplir con requisitos exigidos por la ley, como la presentación de la prueba Saber Pro.

Este escándalo truncó su virtual llegada al Viceministerio de las Juventudes y derivó en que, apenas el mes pasado, la Fiscalía le imputara cargos por fraude procesal y falsedad en documento público.

A sus líos judiciales por las credenciales académicas se sumaron los cuestionamientos de los entes de control por el presunto uso indebido de bienes del Estado en 2025. En su momento, se denunció que Guerrero utilizó aeronaves oficiales, incluyendo un helicóptero de la Policía Nacional, para desplazarse y cumplir agendas relacionadas con el control político y administrativo de la misma Universidad Popular del Cesar. A pesar de la presión ejercida por el movimiento estudiantil y diversos sectores que exigían su retiro inmediato, el Gobierno nacional la mantuvo firme en su cargo como consejera.

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