“A nosotros, en una de las audiencias, nos preguntaron: ‘¿ustedes cómo se sentirían reparados?’ Siempre dijimos que además de contar la verdad, pedir perdón y garantizar que no iban a volver a tomar las armas; otra de las medidas era hacer trabajo social, con sus manos, que hicieran pedagogía sobre la importancia de la paz, de no tomar las armas”.
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Quien habla es Fabiola Perdomo, familiar del exdiputado del Valle Juan Carlos Narváez, quien fue asesinado en cautiverio junto a nueve compañeros en 2007, cinco años después del secuestro perpetrado por la guerrilla de las Farc.
Ese es apenas uno de los pronunciamientos que se dieron este 25 de noviembre, luego de que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció su primera resolución de conclusiones en el caso 01, contra siete exmiembros del antiguo secretariado de las Farc imputados por 21.396 secuestros.
En la providencia, la Sala concluye que los procesados dijeron la verdad y son merecedores de sanciones propias (de máximo ocho años, que no implican prisión). Se trata de una remisión que la sala le hace al Tribunal de Paz sugiriendo una propuesta de sentencia.
Pero no todas las víctimas estuvieron de acuerdo con la resolución. Las militares víctimas de secuestro representados por Corporación MilVíctimas, aseguraron que “no sienten que la resolución sea correspondiente con el daño que se les causó y con la centralidad de las víctimas prometida en el Sistema Integral”, por lo que informaron que apelarán la decisión. Sobre esto, una fuente del alto tribunal explicó que la propuesta no se puede apelar, al no tratarse de una decisión definitiva, pero este recurso sí podrá instaurarse cuando exista la sentencia de primera instancia del Tribunal.
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La resolución de conclusiones marca el cierre de investigación formal contra las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz, que hace dos días cumplió seis años. En el escrito, de 218 páginas, se sugiere que el tiempo para las sanciones sea de ocho años para todos los ex comandantes, excepto Rodrigo Granda, “para quien recomienda cinco años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción”.
Ahora el proceso queda en manos del Tribunal de Paz, que tiene seis meses para analizar la propuesta de sanciones y, finalmente, emitir una sentencia contra los ex jefes guerrilleros.
En la resolución, la sala aprobó cuatro proyectos para reparar a las víctimas por el daño causado, como labores de desminado humanitario, contribuciones a la búsqueda de desaparecidos, restauración ambiental, y actividades de dignificación de la memoria de las víctimas. “Esta decisión de la JEP es una respuesta a que se está cumpliendo con lo pactado en La Habana y a los llamados de las víctimas en las audiencias”, agregó Perdomo.
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Óscar Ramírez, director de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas -que representa a varias víctimas en el caso-, expresó que esperan “que en la decisión del Tribunal para la Paz se tenga en cuenta el enfoque diferencial, y que asimismo se fortalezca la coordinación de la jurisdicción y Unidad de Búsqueda para lograr mayor avance de las personas dadas por desaparecidas, y en sus próximas decisiones se profundice en la violencia de género y se mantengan los escenarios de participación de las víctimas”.
Sobre la resolución también se pronunció Carlos Andrés Benavides, hijo de Luis Orlando Benavides, guardián de la cárcel de San José del Guaviare, quien fue secuestrado, desaparecido y asesinado por las Farc el 28 de septiembre de 2006. “Si la pena hubiera sido privativa de libertad, con cárcel sí o sí, tal vez hubiéramos dicho que era una muestra de que quien comete un crimen en Colombia no queda impune. Siento que en algunos casos, los señores del secretariado se burlaron de las víctimas, pero sea cual sea su sanción final no me alegraré por su suerte, porque en este conflicto todos llevamos del bulto. Los guerrilleros, los soldados y los civiles sufrieron; cada uno actuó a su criterio”, dijo Benavides, y concluyó que su sensación es agridulce, aunque respeta los lineamientos con los que funciona la justicia transicional.
Una sensación similar, pero por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la percibió Helmuth Angulo, hijo de Gerardo Angulo y Carmen Castañeda secuestrados por las Farc en el año 2000 cuando tenía 68 años de edad. “Yo esperaba algo más coherente porque después de seis años de estar investigación, siento que es una burla con las víctimas. Desde La Habana la línea roja era “no cárcel” pero mi posición siempre ha sido justicia con un mínimo de privación de la libertad porque lo que ellos hicieron fue secuestro, es un delito de muy alto calibre y esto debería tener unas sanciones más grandes”, expresó en entrevista con Colombia +20.
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Por su parte, Cesar Lasso, exsargento de la Policía Nacional quefue secuestrado por las Farc el 1 de noviembre de 1998 en Mitú (Vaupés), en el marco de la única toma a una capital departamental en la que esta guerrilla salió vencedora, recalcó en que el perdón que siente hacia quienes lo raptaron nunca va a tener que ver con el tipo de sanción que les lleguen a imponer.
“Mi perdón es individual y mi fe siempre me ha invitado a no guardarles rencor. Es una decisión muy personal. Ahora, en lo colectivo pienso que no aportaron tanto a la verdad como la JEP indica, no hubo temor a la justicia y pervive una pérdida de valores. Claro que uno como víctima sabe que una sanción propia es una posibilidad, pero siento que no será algo generador de un arrepentimiento, fomenta ciclos repetitivos y mi sensación, antes de que el Tribunal tome la decisión final, es que espero que la justicia divina haga lo suyo. Que nos reparen como tanto han dicho”, dijo Lasso, y contó que tiene agendados distintos encuentros con miembros del secretariado para 2023, en los que espera un diálogo individual con ellos y que le “den la cara por los sufrimientos vividos”.
Siguiendo el punto de vista de personas que pertenecieron a la fuerza pública durante el conflicto y fueron víctimas de este crimen, el coronel Raimundo Malagón, secuestrado por las Farc durante una década, manifestó que “esta resolución está sesgada y no representa el sentir de las víctimas que fuimos sometidas a secuestro, a tratos crueles y degradantes durante tantos años. Si bien está en el marco de los acuerdos de La Habana, las víctimas esperábamos un resultado que nos defendiera en realidad. Ingrid Betancourt, en la audiencia, dijo que debería haber una pena privativa de la libertad, así fuera intramural, y eso no lo vemos reflejado.
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Además, Malagón manifestó preocupación por cómo va a funcionar lo relacionado con la reparación individual y colectiva a cargo de los máximos jefes de las extintas Farc. “Yo abogué por los policías y militares de escasos recursos, cuya condición económica y social no es la mejor, esas personas deberían tener por lo menos una reparación económica. No se entiende el tema del desminado, por ejemplo, qué correlación tiene con las torturas y tratos crueles que sufrimos en cautiverio”, acotó.
Desde un punto de vista más político, el exdiputado del Valle Sigifredo López (único sobreviviente de los miembros de esta Asamblea, secuestrados el 11 de abril de 2002), le comentó a Colombia+20 que una pena que no fuera intramural era algo que esperaba, lo más lógico que podía suceder si la JEP aceptaba aportes de reconocimiento de responsabilidades y de verdad.
“Así estaba dicho cuando se creó el Acuerdo de Paz y creo que es lo lógico a partir de eso que se pactó en La Habana”, dijo.
La resolución de la JEP menciona tener una consideración especial de los problemas de salud de Milton Toncel y Jaime Parra, descritos en el documento. Sin embargo, para Fabiola Perdomo esas condiciones no restringen la posibilidad de aportar a las sanciones, ya que se puede realizar desde un enfoque más pedagógico. “Si se encuentran en condiciones de salud crítica, certificados por médico, y no pueden cumplir alguna sanción, que hagan labores pedagógicas, charlas con las nuevas generaciones sobre la importancia de escoger caminos de diálogo y participación política para la transformación del país sin armas”, resaltó.
Por ahora, habrá que esperar al paso siguiente, que puede tardar hasta seis meses y estará en manos del Tribunal de Paz, órgano encargado de dictar las sanciones.
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¿Cúál es el contexto de la resolución de conclusiones?
El 29 de enero de 2021 la JEP hizo la imputación para los exmiembros del secretariado, mediante un auto en el que también precisó que entre 1990 y 2016 las Farc secuestraron a 21.396 personas, un universo en el que ante la justicia transicional solo se acreditaron 2.528 víctimas.
Por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conexos con el secuestro se abrió para ese entonces una baraja de posibilidades en las que las víctimas de este flagelo se preguntaban si quienes los raptaron a ellos o a sus seres queridos iban a pagar penas privativas de libertad o no. Eso, por supuesto, estaba ligado a los aportes a la verdad que dieran los comparecientes, cuestión en la que la Sala de Reconocimiento de la JEP despejó dudas.
A pesar de los eufemismos emitidos desde la guerrilla, calificando los secuestros como “retenciones” para financiarse, para ejercer control social o para utilizar prisioneros de guerra como “moneda de cambio” con exguerrilleros privados de la libertad, la jurisdicción reconoció aportes a la verdad, y reconocimiento individual y colectivo de responsabilidad de los imputados.
En línea con esto, la Sala de Reconocimiento le recomendó al Tribunal para la Paz sanciones de ocho años para seis de los sietee miembros del secretariado. Sobre todos ellos, con estatus de coautores mediatos, recaerán sanciones propias, las más benevolentes de la JEP (en materia de privación de libertad), que contemplan en este caso: las propuestas que los imputados emitieron ante la justicia transicional, relacionadas con memoria y reparación simbólica; y las propuestas de sanción de las víctimas acreditadas en etapas procesales anteriores.
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