Los seis años que han pasado desde el 24 de noviembre de 2016, cuando el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, han estado atravesados por las administraciones de tres presidentes distintos y dejan un balance de luces y sombras.

El panorama de la implementación de lo negociado en La Habana va desde la pacificación de algunas regiones y los avances en el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación entre víctimas y responsables, hasta el recrudecimiento del conflicto en varias zonas del país, el asesinato de más de 340 excombatientes de las Farc y los escándalos de corrupción por cuenta del manejo de los recursos de la paz.

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Luego de los cuatro años del gobierno de Iván Duque, en los que varios puntos del Acuerdo quedaron rezagados, se espera que la administración de Gustavo Petro le ponga el acelerador a la implementación.

“Destacaríamos tres alertas que tocan los temas de mayor preocupación para las comunidades. En primer lugar sin duda está la necesidad de la pronta reestructuración del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) o las decisiones correspondientes sobre alternativas de sustitución de cultivos. En segundo lugar, creemos central esclarecer las situaciones de corrupción develadas en el OCAD Paz; hay que avanzar en las respectivas investigaciones y sobre todo acelerar acciones de transparencia sobre la ejecución de recursos de la implementación del Acuerdo. Líderes sociales y autoridades desde hace años venían denunciando irregularidades en los procesos de este mecanismo y al conocerse de los malos manejos, esto ha generado una impresión de que el PDET, en particular las obras de infraestructura ya no serán posibles”, dice Irina Cuesta, investigadora de Conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Como tercer elemento, Cuesta se refiere al punto 5 del acuerdo: “Si bien tiene avances muy significativos en manos de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la JEP, hay una gran deuda en la necesaria reforma a la ley 1448 para acelerar la reparación de víctimas”.

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A propósito de los seis años de implementación del acuerdo y los poco más de 100 días que ajusta Petro en la Presidencia, la FIP publicó un balance que le toma el pulso a los avances, anuncios y prioridades para avanzar en el camino de la paz. Colombia+20 recogió, punto a punto del acuerdo, las alertas identificadas por la Fundación:

Punto 1: Reforma Rural Integral

  • Establecer una estrategia regional para avanzar en la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) considerando los rezagos en la implementación de las iniciativas PDET y los ya conocidos escándalos de manejo de recursos públicos en el mecanismo de OCAD Paz.
  • La implementación de herramientas como la Zonificación Ambiental Participativa, que componen el punto 1, es fundamental para atender conflictos con comunidades que habitan o colindan áreas protegidas y que se encuentran en riesgo debido a la expansión de la frontera agrícola.

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  • Para algunos expertos, la compra de tierras a terratenientes es una reforma agraria marginal; según ellos, debe ampliarse y considerarse una política de tierras que contemple otros predios, más allá de los ofertados por ganaderos.
  • Se encuentran pendientes 21 normas necesarias para su implementación en materia de Reforma Rural Integral. Entre ellas se destacan la reforma a la ley 160 de 1994, el ajuste al servicio público de adecuación de tierras y la jurisdicción agraria.
  • Acelerar la consolidación del catastro multipropósito. La información es fundamental para comprender el estado de las tierras que posee la nación e iniciar los procesos de saneamiento, restitución y redistribución, según lo contempla el Acuerdo.

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Punto 2: Participación política

  • Los cambios más profundos —como las recomendaciones de la Misión Especial Electoral (MEE) para reformar el sistema electoral, el financiamiento político, crear la circunscripción especial raizal y ajustar las circunscripciones indígenas y afros— no se han aprobado.
  • Tampoco se ha aprobado la creación de la Jurisdicción Electoral y el Consejo Electoral Colombiano (CEC). Por su parte, la Ley Estatutaria fue negada por la Corte Constitucional en 2022 por vicios en su trámite.
  • El Gobierno anterior no radicó las reformas necesarias para fortalecer la participación ciudadana, apoyar y financiar las organizaciones sociales y reglamentar la protesta pacífica.
  • Se ha dilatado la creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas por corrupción.

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Los avances en las disposiciones en paz, convivencia y reconciliación —como la creación de los CNPRC y CTPRC— se ven incompletos por la lentitud para construir la política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización.

Punto 3: Fin del conflicto

Sobre este punto, el informe de la FIP resalta que el gobierno Petro, teniendo en cuenta la crisis en las garantías de seguridad para líderes sociales, comunidades y reincorporados, ha sentado las bases para adelantar acuerdos con los grupos armados responsables de las afectaciones humanitarias. Así las cosas, estas son las alertas:

  • La necesidad de lecturas detalladas y actualizadas sobre el accionar de grupos armados, no solo contemplando variables de la violencia letal que pueden ejercer, sino también de sus dinámicas de control territorial y gobernanza.
  • No perder de vista normas que vienen de gobiernos anteriores que pueden seguir siendo útiles, como el decreto 660 de 2018 en temas de protección colectiva, el Programa Integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos o, incluso, el CONPES 4063 de 2021.
  • Fortalecer y reevaluar los mecanismos de funcionamiento de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.

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Y, particularmente sobre el proceso de reincorporación de los ex-Farc, estas son las prioridades:

  • Adecuar la oferta institucional a la nueva geografía de la reincorporación: el 70% de los firmantes vive fuera de los antiguos ETCR.
  • Impulsar el Sistema Nacional de Reincorporación de modo que fortalezca la articulación en la oferta institucional para los firmantes y sus entornos.
  • Fortalecer las instancias territoriales de gobernanza del proceso y su articulación con las instancias nacionales, así como los procesos de acompañamiento a los proyectos productivos ya desembolsados.
  • Promover procesos de inclusión laboral y financiera.
  • Articular la ruta de reincorporación con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

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  • El Gobierno Petro no ha nombrado aún al director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), entidad encargada de la implementación del PNIS.
  • Desde 2017, 88.939 familias firmantes de acuerdos colectivos del PNIS se quedaron por fuera del Programa pese a haber expresado al Estado su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito. Si el Gobierno decide ampliar el PNIS, debería empezar por estas familias (siempre y cuando sigan dispuestas).
  • Si el PNIS sigue con un enfoque individual desconectado de la transformación territorial, es poco probable que se generen alternativas económicas lícitas que tengan impacto en la reducción de la pobreza, la marginalidad y los territorios con coca.
  • El cambio de operadores y la poca confianza que tienen en el territorio ha obstaculizado la pronta implementación de varios componentes del Programa.
  • Los recolectores son una de las poblaciones más rezagadas de la oferta institucional. Estos deben ser integrados en la fase de diseño y desarrollo de las iniciativas de tránsito a la economía licita.
  • El programa “Formalizar para sustituir” tiene un alto potencial para lograr cambios duraderos a través de la formalización de la tierra, pero es necesario hacer un balance riguroso con el fin de identificar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en el mediano plazo.

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Punto 5: Víctimas del conflicto

  • Establecer las entidades que asumirán la responsabilidad de socializar y hacer pedagogía sobre el Informe de la Comisión de la Verdad y acompañar los procesos de convivencia que la CEV fortaleció durante su mandato.
  • Articularse con la Jurisdicción Especial para la Paz para tomar medidas que garanticen la ejecución efectiva de las sanciones propias que imponga la JEP, tanto de su componente restaurativo como de la restricción efectiva de la libertad.
  • Adelantar espacios participativos amplios con las víctimas y sus organizaciones que permitan elaborar propuestas para hacer ajustes de fondo a la Ley de Víctimas. “Si bien la prórroga de esta ley fue aprobada, el ritmo de la reparación hasta el momento ha generado frustración en las victimas. Este es un tema clave para este Gobierno, pues las nuevas negociaciones o conversaciones de paz con grupos armados también deberán considerar esquemas de verdad, justicia, reparación y no repetición”, explica la investigadora Irina Cuesta, de la FIP.

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Demoras en nombramientos de funcionarios, otra traba

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) no es la única entidad que sigue acéfala luego de más de tres meses del inicio del nuevo gobierno. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) también sigue a la espera del nombramiento de director, y entidades clave como la Agencia de Renovación del Territorio estaban en la misma situación hasta hace pocos días.

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Para Cuesta, el estado actual de la implementación del Acuerdo requiere que las entidades aceleren algunos procesos y ritmos de trabajo, se articulen entre sí y redefinan algunas rutas de trabajo. “Para esto, es indispensable que la composición y direccionamiento esté claro, sobre todo considerando que en algunos casos hubo un aumento de su presupuesto que deberá ser organizado”, señala la investigadora.

Y agrega que “más allá de la designación de los directores, el desafío está en que la recién creada Unidad para la implementación del Acuerdo, liderada por Gloria Cuartas, logre articular de manera eficaz los programas y que las comunidades empiecen a percibir avances y respuestas”.

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