Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.

Este artículo fue curado por pulzo   Nov 10, 2026 - 2:21 pm
Visitar sitio

El Salado, localidad situada en El Carmen de Bolívar, fue escenario de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano. El 23 de diciembre de 1999, la población recibió desde el cielo volantes en los que se invitaba a las personas a celebrar las fiestas de fin de año, advirtiendo ominosamente que para muchos sería la última celebración. Casi dos meses después, el 16 de febrero del 2000, se desató una incursión paramilitar que sumió a la comunidad en el terror durante cinco días y dejó un saldo de 63 civiles asesinados. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este ataque contó con el apoyo de la fuerza pública, y como resultado, el 10 de noviembre la JEP imputó a 11 exintegrantes de la fuerza pública por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP vinculó a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y a dos exintegrantes de la Policía Nacional a un patrón de violencia en Montes de María y el Canal del Dique, en la región Caribe, donde 32 masacres tuvieron lugar entre 1999 y 2001. Según la investigación liderada por la magistrada María del Pilar Valencia García, a los comparecientes se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones contra mujeres, niñas y población campesina, estigmatizada como colaboradora de las antiguas Farc.

La JEP determinó que las masacres no fueron hechos aislados. Por el contrario, hicieron parte de un entramado criminal donde existieron acuerdos, coordinación y colaboración entre paramilitares y ciertos miembros de la fuerza pública, quienes facilitaron desplazamientos, compartieron información y omitieron actuar frente a los crímenes. Incluso, los campesinos y sus formas de organización comunitaria fueron tomados como criterios para seleccionar víctimas, lo que llevó al vaciamiento territorial y al desplazamiento masivo de la población.

Se comprobó, además, que las violencias sexuales y de género no fueron conductas marginales, sino herramientas de castigo, humillación y control social, afectando de manera particular a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+. La responsabilidad individual también salpica a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero por hechos relacionados a las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo.

La JEP ordenó la instalación de dos mesas técnicas: una para revisar la reparación a víctimas de violencia sexual y otra para la búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas en el conflicto. Además, se activaron rutas de protección y reconocimiento para las mujeres buscadoras, quienes han sufrido amenazas y revictimizaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué responsabilidades les imputa la JEP a los exintegrantes de la fuerza pública por las masacres en Montes de María?

La Jurisdicción Especial para la Paz señaló a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional como máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, específicamente por su rol en 32 masacres entre 1999 y 2001. De acuerdo con la investigación citada por la JEP, se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencia sexual y de género, dentro de un entramado de colaboración con estructuras paramilitares.

¿En qué consistieron las violencias basadas en género documentadas por la JEP en el conflicto armado en Montes de María?

Según la JEP, las violencias basadas en género y reproductivas no fueron hechos menores ni accidentales; formaron parte de una estrategia sistemática para castigar y disciplinar a las comunidades. Las agresiones sexuales y otros actos de violencia sirvieron para transmitir terror, humillar y controlar socialmente a las víctimas, especialmente mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.