El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano fundamental en el sistema de justicia transicional en Colombia, respondió de manera enfática frente a las controversias recientes originadas por los señalamientos sobre sus gastos y la administración de su presupuesto. En un comunicado oficial, la jurisdicción expuso, con base en la información recopilada por entidades de control, que la Contraloría General ha practicado siete auditorías a su gestión y que la Procuraduría ha elaborado catorce informes relacionados con su funcionamiento. Según la propia JEP, en ninguno de estos ejercicios de control se han hallado indicios de corrupción o mal manejo de recursos.
En cuanto a los cuestionamientos sobre los viajes realizados por las y los magistrados, la JEP precisó que estos desplazamientos obedecen a invitaciones oficiales. Las razones de dichos viajes, insistió la jurisdicción, consisten en presentar informes y rendir cuentas sobre el Modelo de Justicia Transicional Restaurativa ante instancias internacionales. En esa línea, la entidad argumentó que el Acuerdo de Paz, documento que dio origen a su creación, estipula la obligación de mantener a la comunidad internacional debidamente informada sobre los avances en la investigación y juzgamiento de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la JEP, las visitas al exterior han estado encabezadas por la presidencia de turno y han servido, además, para que la experiencia de la jurisdicción colombiana —considerada pionera a nivel global en varios aspectos— sea socializada y reconocida en foros internacionales.
La institución también se refirió a las discusiones sobre el valor de su sede principal en Bogotá. La JEP aclaró que, durante el actual gobierno, se estructuró un nuevo proyecto para adquirir ese inmueble. El valor comercial proyectado a 2026 es cercano a 288.538 millones de pesos, cifra muy distinta al avalúo catastral de 20.975 millones reportado en 2020. No obstante, la inversión no pudo consolidarse, ya que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó un concepto técnico desfavorable sobre la viabilidad del proyecto, impidiendo que la adquisición continuara su curso.
Como herramienta de transparencia, la JEP informó que toda la información relacionada con su contratación, planeación, presupuesto, ingresos, gastos e inversiones puede ser consultada libremente en su portal web institucional.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué controles externos vigilan el manejo del presupuesto de la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría General y de informes elaborados por la Procuraduría. Según la información proporcionada por la entidad, estos órganos de control han realizado varias revisiones —en total, siete auditorías y catorce informes—, sin encontrar pruebas de corrupción ni irregularidades.
¿Cuál es la diferencia entre el valor catastral y el valor comercial del edificio de la JEP?
El valor catastral del edificio, reportado en 2020, se fijaba en 20.975 millones de pesos, mientras que el valor comercial estimado para 2026 se acerca a 288.538 millones de pesos. El valor catastral es usado principalmente para impuestos y suele estar por debajo del valor real de mercado, que es el que se toma al momento de una compraventa. La JEP aclaró que la información sobre el valor comercial fue analizada para un proyecto de adquisición que finalmente no siguió adelante, tras un concepto técnico desfavorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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