Iván Cepeda emitió un comunicado este jueves reaccionando a las peticiones de la Fiscalía y de la defensa de Álvaro Uribe para que la investigación sufra un retroceso y vuelva a la etapa de imputación.

Los abogados del expresidente presentaron una tutela para que se le quitara la condición de “imputado”, pues considera que la indagatoria que la Corte Suprema de Justicia le hizo en 2019 no configura dicha fase.

Gabriel Jaimes, fiscal a cargo del caso, estuvo de acuerdo con esa hipótesis y consideró que se le estaban vulnerando los derechos fundamentales a Uribe, según un concepto que envió al Tribunal de Bogotá. En ese sentido, explica El Espectador, la Fiscalía está pidiendo declarar “que la judicialización del líder natural del Centro Democrático debe volver a ceros”.

Ante la posibilidad, Cepeda aseguró en su comunicado que “la acción de tutela interpuesta es abiertamente improcedente”, pues busca que se declare una nulidad de lo que se adelantó ante la Corte Suprema, y añadió:

“Corregir vacíos de su defensa como la no presentación oportuna de recursos previstos, así como sentar un nefasto precedente para la investigación de aforados […] es un intento desesperado por evitar la proximidad del momento en que se debe decidir sobre la acusación de Uribe”.

En ese sentido, el senador del Polo Democrático aseguró que, en su opinión, las actuaciones de Jaimes le confirman que “carece de imparcialidad e independencia” para investigar a Uribe y reiteró que no siente que el funcionario le brinde “ninguna clase de garantías” ni a él ni a las otras víctimas del proceso.

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“Una vez más, el fiscal decide apoyar abiertamente las pretensiones de la defensa del exsenador Uribe que busca arrasar con lo avanzado en el proceso y garantizar que haya impunidad“, señaló Cepeda y lanzó una alerta:

“De optarse por invalidar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Jaimes podría ordenar el archivo de la investigación sin que tal determinación tuviera control por parte de un juez de la República”.

La última decisión de la jueza en el caso de Uribe fue ordenar su libertad el pasado 10 de octubre con el mismo argumento de que no se concibe una medida de aseguramiento sin una imputación de cargos. Fallo por el que terminaron amenazando a la funcionaria judicial.

Por eso, Cepeda señala en su escrito que esto sentaría un precedente contra la Corte Suprema, pues les muestra a los aforados constitucionales que “renunciando a su cargo se verían premiados con la anulación de las investigaciones en su contra”, y advirtió que acudirá a todos los mecanismos que la ley le permita para impedir que el caso se archive o quede en la impunidad, como lo planteó en su texto.

Esta es parte de su declaración sobre el fiscal Gabriel Jaimes:

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