Una vez la funcionaria judicial informó sobre las agresiones en su contra, fue necesario que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional le asignaran un esquema de seguridad, informó Semana.

Las amenazas y mensajes intimidantes llegaron a través de redes sociales luego de que le otorgara la libertad al exsenador en una audiencia que se adelantó en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el pasado sábado 10 de octubre.

Según la revista, se trata de “mensajes muy fuertes” que llevaron a las autoridades a adelantar un estudio urgente de riesgo y tomaron la decisión de enviarle un grupo de escoltas a cuidar su seguridad de manera preventiva e inmediata.

Dichas amenazas y hostigamientos serán valoradas también por el grupo de delitos cibernéticos de la Dijín para hallar a las personas responsables y resguardar la integridad de la funcionaria, añadió El Espectador. Este fin de semana, agrega el diario, la jueza entregará su declaración a los expertos.

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Uno de los primeros en reaccionar y rechazar las amenazas fue precisamente Jaime Granados, abogado defensor del expresidente:

El caso de Álvaro Uribe llegó de manera aleatoria a la jueza Salcedo luego de que la Corte Suprema de Justicia señalara que no tenía competencia para continuar con el proceso por fraude procesal y soborno a testigos que se le adelanta al expresidente cuando él renunció al senado.

En un primer momento devolvió el caso a la Corte para que esta determinara bajo qué ley se debía juzgar al exsenador del Centro Democrático, y cuando se confirmó que sería la justicia ordinaria, ella ordenó la libertad inmediata de Uribe porque consideró que la indagatoria no es equivalente a la audiencia de imputación de cargos; una decisión que fue apoyada por la Fiscalía y la Procuraduría en la audiencia.

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