Desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del exsenador el 4 de agosto y el mandatario reaccionó criticando dicha decisión, son muchas las tutelas de ciudadanos que han pedido a diferentes autoridades judiciales que tomen medidas reclamando que Duque les vulneró diferentes derechos.

Algunas han prosperado, como la de un docente en Santander que alegó que el presidente afectó su derecho a la igualdad y otras que fueron rechazadas pero fueron aplaudidas por muchos ciudadanos como la de un estudiante de Derecho que sintió vulnerados sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión e información.

En el intento más reciente, el ciudadano Juan Felipe Rodríguez pidió en su tutela que se le ordenara al presidente no emitir juicios de valor sobre el caso de Uribe y que acatara las decisiones judiciales. En el texto expuso que sus derechos a la igualdad y al debido proceso como elector del senador Iván Cepeda —acreditado como víctima en el proceso del expresidente— se vieron afectados, así como los de todos los votantes.

La tutela ya la había negado el Tribunal Superior de Cundinamarca, pero ante la insistencia del ciudadano, la decisión fue confirmada por el Consejo de Estado.

Y es que, según el alto tribunal, Rodríguez no tiene legitimidad para interponer dicha tutela porque no hace parte del proceso penal contra Uribe ni tenía un “interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo”, según se lee en el fallo, citado por El Espectador:

“El voto en las urnas no le otorga la representación per se de los derechos fundamentales de quien resulte electo. El accionante no acreditó que fuera parte en el proceso penal ni que hubiera sido reconocido como víctima; tampoco expuso que estuviera actuando como agente oficioso de alguno de ellos, ni aportó poder que lo legitimara para actuar su representación. Por lo tanto, la protección invocada del debido proceso e igualdad resulta improcedente”.

Es decir que el ciudadano, a juicio de los magistrados, confundió la representación política con la representación judicial.

El Consejo de Estado también detalló que los argumentos que expuso el tutelante no explicaban cómo Duque vulneró los derechos que alegó, y añadió, según recogió Blu Radio: “Es evidente que el accionante no le está solicitando a la autoridad judicial la garantía de un derecho fundamental que le esté siendo vulnerado o amenazado por una autoridad pública”.

Todo ello llevó a esa sala a confirmar la sentencia de primera instancia que había proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aun así, siguen vigentes las otras dos decisiones de esa autoridad que le exigen al jefe de Estado ser imparcial en el proceso de Uribe y no utilizar los canales oficiales de la Presidencia para defenderlo.