La diligencia tratará las medidas de protección ordenadas para los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Según el tribunal, desde el desarme de la guerrilla han sido asesinados 230 de sus exintegrantes, por lo que en la audiencia se verificarán las garantías de seguridad para su reincorporación en los territorios.
“En la diligencia del 25 de noviembre la JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes”, informó.
Fueron citados los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; Hacienda, Alberto Carrasquilla; del Interior, Alicia Arango; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
La JEP citó también al fiscal Francisco Barbosa, la procuradora delegada con funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes; el defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matias, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez.
El pasado 30 de julio, la JEP ordenó a varias instituciones del Estado adoptar medidas cautelares de protección para garantizar la vida de los comparecientes al constatar que pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a los derechos fundamentales de los desmovilizados.
El tribunal revisará además los avances de las instituciones en la prevención y superación de la estigmatización incluidos en las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación.
“Finalmente, el 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición”, subrayó la JEP.
Según el más reciente informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, “la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz”.
El documento, presentado el pasado 2 de octubre, detalló que en lo que va corrido de 2020 han sido asesinados 50 exguerrilleros de las Farc.
“En 2020, el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de las nuevas áreas de reincorporación, que en su mayoría están situadas en regiones rurales aisladas”, señaló Naciones Unidas al recordar las órdenes que dio la JEP a las instituciones estatales citadas.
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