El Ministerio Público llamó a juicio disciplinario, el próximo 3 de septiembre a las 9:00 de la mañana, al funcionario por presuntas irregularidades en la contratación de la línea de emergencia por 2.360 millones de pesos.
Al parecer en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.
El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un 10 % los costos de ejecución.
Además, otros tres funcionarios de la administración entrarán al proceso por los problemas en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123.
Estas personas son el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao; y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana, David Viera Mejía.
El órgano de control calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima.
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