En su cuenta de Twitter, el representante de la organización defensora de los derechos humanos para las Américas, José Miguel Vivanco indicó que “si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia por crímenes atroces, debería agotar todas las vías legales para llevar a Mancuso de regreso a Colombia, hacer que rinda cuentas ante la justicia”.
Además, calificó como una “humillación” y una “aberrante traición a las víctimas” la posibilidad de que el otrora jefe de las extintas autodefensas termine viajando a Italia, por pedido de su defensa.
Por eso, la primera en responder fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese tribunal aclaró en un comunicado que “no hay ningún impedimento para que Colombia tramite la extradición de Salvatore Mancuso Gómez”.
Eso, dice la JEP, lo dejó consignado en una carta que le envió al fiscal general, Francisco Barbosa, pues HRW aseguró que uno de los motivos por los que no han prosperado las solicitudes de extradición es porque la Fiscalía se escuda en que no puede adelantar ese trámite contra alguien que pidió someterse a la justicia transicional.
La JEP respondió negativamente esa solicitud y la defensa de Mancuso la apeló, pero eso “no impide que las autoridades judiciales y gubernamentales de Colombia” hagan el trámite y le pidió a la Fiscalía que sea claro con las víctimas y la opinión pública, detalló la magistrada Patricia Linares, presidenta de ese tribunal.
Luego de la difusión de ese comunicado, Vivanco consideró “importante” la aclaración de la JEP y le pidió a la Fiscalía que tome “medidas urgentes para que este criminal vuelva Colombia”.
Eso motivó que el ente acusador emitiera su propio comunicado en el que detalló que hay un proceso vigente contra Mancuso por lavado de activos y concierto para delinquir en un juzgado de Cartagena, y que es este el “competente” para solicitar la extradición.
Dicha respuesta de la Fiscalía no dejó satisfecha a HRW y Vivanco insistió en que todas las autoridades colombianas deben articularse para evitar que Mancuso termine en Colombia porque “están en juego los derechos de cientos de víctimas”, y lanzó su llamado de atención:
“No hay tiempo para que distintas instituciones se pasen la pelota”.
Cabe recordar que durante su militancia en las AUC a Mancuso se le atribuyen por lo menos 300 asesinatos y la autoría intelectual de varias masacres como las de Mapiripán, El Salado y el Aro, en las que también se ha visto salpicado Uribe. Por esas víctimas reclama HRW.
Mancuso también fue condenado por la justicia estadounidense a 15 años de cárcel por narcotráfico; pena que ya cumplió y por eso se encuentra detenido provisionalmente en una cárcel mientras se define su futuro.
El posible regreso a Colombia del excomandante paramilitar está congelado desde marzo pasado cuando comenzó la pandemia por coronavirus. Luego, resultó contagiado y ahora está a la espera del trámite de extradición.
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