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Un juzgado administrativo en Bogotá emitió este viernes un fallo de tutela que ordena al presidente Gustavo Petro rectificar y retractarse de los señalamientos emitidos en contra del fiscal Mario Andrés Burgos, quien en su momento adelantó la investigación penal en contra de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, y del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
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En la determinación judicial se amparan los derechos a la dignidad humana, honra y buen nombre de Burgos, quien fue vinculado por Petro con la llamada “junta del narcotráfico”. El fallo concluye que tales señalamientos carecen de sustento probatorio y judicial.
“Se concluye luego de una verificación probatoria y un test de razonabilidad de las declaraciones, que el presidente Gustavo Petro realizó varias declaraciones públicas con mensajes que superan lo que es admisible para el debate democrático y la libertad de expresión, ya que contienen afirmaciones de hechos que no cuentan con verificación adecuada y representan un riesgo de causar daño”, señala el fallo.




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Por estos hechos, Petro deberá retractarse de inmediato y reconocer públicamente que sus acusaciones no le constan ni están respaldadas por un fallo o una investigación formal.
“Esta arremetida pública del presidente contra el fiscal Burgos Patiño se da en un contexto de un grave conflicto de intereses: fue precisamente este fiscal quien solicitó y obtuvo, ante un juez de la República, la orden de captura en contra del hijo del presidente, así como quien lo acusó por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, recordó la defensa del jurista.




En esa línea, se precisa que las afirmaciones del presidente no pueden ser consideradas meras opiniones políticas, “pues constituyen actos de retaliación que atentan directamente contra la independencia de la rama judicial y la presunción de inocencia, constituyendo un uso indebido de su poder para dirimir conflictos de índole personal”.
Desde la defensa del fiscal Burgos, instaron al presidente a acatar sin dilaciones la decisión judicial. “Honrar el fallo de la justicia no es una opción, sino un deber constitucional que demuestra respeto por la integridad del sistema judicial. El Estado de Derecho se fortalece cuando sus líderes, sin importar su jerarquía, honran las decisiones de los jueces y protegen la dignidad de sus ciudadanos”, precisaron.
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