El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, fue asesinado por el cartel de Medellín. Su labor periodística, enfocada en denunciar el poder de los carteles del narcotráfico y sus estragos en Colombia, lo puso en la mira de grupos criminales. A pesar de las amenazas que recibió, el Estado colombiano no le brindó la protección necesaria, lo que resultó en su trágico asesinato. Casi 40 años después de este hecho, la justicia finalmente aprobó un acuerdo que obliga al Estado a reconocer su responsabilidad y a indemnizar a la familia Cano. Esta decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de agosto recién pasado, instancia que subrayó el daño causado a los familiares del periodista y la histórica falta de acción del Estado.
El Tribunal Administrativo señaló que el crimen de Cano fue un delito de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe y que atenta gravemente contra los derechos reconocidos internacionalmente. En su análisis, la entidad judicial reprochó la dilación en la respuesta estatal y el incumplimiento en la protección de derechos humanos. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Guillermo Cano, con su trabajo, se transformó en icono de la lucha contra el narcotráfico, especialmente por exigir justicia contra los denominados ‘extraditables’ y por informar a la sociedad sobre el impacto del tráfico de drogas.
Pese a que Cano Isaza advirtió públicamente que su vida estaba amenazada por su labor investigativa, el Estado no adoptó medidas efectivas para protegerlo. Los procesos judiciales posteriores fueron accidentados y prolongados. Si bien en 1996 se dictaron condenas a algunos cómplices y la Corte Suprema ratificó las sentencias en 1998, las investigaciones no lograron desmantelar el entramado criminal tras el asesinato. No fue sino hasta 2010 que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad. El proceso judicial se vio marcado por violencia y presuntos actos de corrupción, lo que cubrió el caso de impunidad y falta de reparación durante décadas.
Ante la inacción estatal, la Sociedad Interamericana de Prensa llevó el caso ante la CIDH, que en 2001 declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano y recomendó la reparación integral para la familia de Cano. Sin embargo, las acciones se demoraron hasta 2018, cuando la CIDH reactivó el seguimiento. El acuerdo de conciliación e indemnización, consolidado entre 2025 y 2026, debía ser validado por el Tribunal Administrativo, que finalmente autorizó el trámite, poniendo fin a una larga espera de justicia.
¿Por qué el Estado colombiano fue considerado responsable en el caso de Guillermo Cano?
El Estado colombiano fue declarado responsable porque no protegió la vida de Guillermo Cano Isaza, pese a que era de conocimiento público el riesgo que enfrentaba debido a su actividad periodística. Además, la justicia tardó en reconocer el crimen como de lesa humanidad y en ofrecer una reparación integral a la familia de la víctima, lo que fue señalado tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Qué significa que el asesinato de Guillermo Cano sea considerado un crimen de lesa humanidad?
Que el asesinato de Guillermo Cano haya sido declarado un crimen de lesa humanidad implica que se trata de una violación grave de derechos humanos reconocidos internacionalmente, la cual no prescribe y está sujeta a estándares internacionales de justicia y reparación. Según la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, esta calificación obliga al Estado a investigar, juzgar y reparar de manera efectiva este tipo de delitos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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