El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Gobierno nacional y el Clan del Golfo, organización autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), celebraron los días 5 y 6 de noviembre la creación de los primeros grupos municipales de trabajo orientados a promover la paz territorial en los municipios de Acandí y Riosucio. Según información de El Espectador, estos espacios buscan la articulación de múltiples sectores sociales e institucionales con el fin de transformar los territorios y reducir la incidencia de la violencia, que ha afectado históricamente a estas regiones del país.
En la conformación de estos grupos participan representantes de las autoridades locales, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de la población LGBTIQ+, empresarios, medios comunitarios y representantes de los sectores culturales. A este equipo diverso se suman delegaciones tanto del Gobierno como del EGC. Además, prestarán su apoyo entidades nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los ministerios de Agricultura, Educación y Ambiente. El propósito central, tal como lo destacan voceros oficiales, es robustecer la presencia del Estado Social de Derecho en municipios marginados de los procesos de desarrollo y plenamente afectados por los conflictos armados.
Para Águeda Plata, delegada del Gobierno encargada de este proceso, estas instancias exceden el simple rótulo de grupos o mesas de trabajo: "Son equipos participativos con toda la fuerza plural de los territorios para dinamizar el cumplimiento del acuerdo de Doha", manifestó. Plata enfatizó que la gente en los municipios involucrados anhela una paz duradera y la posibilidad de una vida tranquila, y observa el inicio de estas actividades con una actitud expectante, en espera de los cambios que puedan derivarse del proceso.
Durante las primeras reuniones, las instituciones expusieron estrategias enfocadas en la protección integral de la infancia, el reemplazo de cultivos ilícitos por alternativas legales, la promoción de la justicia ambiental, el control de la migración irregular y acciones para enfrentar el peligro de las minas antipersonal. Estos lineamientos fueron socializados con el objetivo de definir compromisos y tareas conjuntas ante problemáticas críticas que atraviesan los territorios involucrados.
La instalación de los dos primeros grupos municipales marca el inicio de una serie de cinco que serán establecidos en las regiones priorizadas por el Gobierno, lo que representa un avance dentro de la agenda de paz territorial y la ejecución de los acuerdos alcanzados en Doha. Este paso se produce en un contexto delicado para el departamento del Chocó: las comunidades de la cuenca del río Atrato han anunciado que presentarán este mes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —según reporta El Espectador—, buscando visibilizar la persistente violencia atribuida al Clan del Golfo y la prolongada ausencia institucional del Estado en la zona. La audiencia pretende exponer riesgos, reclamar garantías para la protección y exigir participación efectiva en los procesos de paz a nivel regional.
La reciente creación de estos espacios evidenciará, en el corto plazo, el alcance de la colaboración entre sectores sociales locales, el Gobierno y grupos armados, así como la capacidad de las autoridades para brindar respuestas concretas frente a las demandas históricas de las comunidades que, por décadas, han sido víctimas de exclusión y violencia.
¿Cuál es el acuerdo de Doha y cuál es su importancia para la paz territorial?
El acuerdo de Doha es el marco de referencia mencionado en el proceso entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, conocido formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Su importancia radica en que establece compromisos y líneas de acción que guían la participación de diferentes sectores sociales y gubernamentales, así como del propio EGC, en la búsqueda de soluciones para la transformación del territorio y la disminución de la violencia. Comprender los alcances y limitaciones de este acuerdo resulta fundamental para analizar los avances y retos en la construcción de paz en zonas históricamente relegadas y afectadas por enfrentamientos armados.
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