“La Fiscalía General de la Nación estima propugnar, por el respeto a la legalidad, la libertad del ciudadano Uribe Vélez”, dijo Jaimes, citado por Blu Radio, al explicar que no considera necesario mantener en firme la medida de aseguramiento que pesa sobre el expresidente desde agosto pasado.

Entre los argumentos que entregó el fiscal está el traslado del proceso a la justicia ordinaria y recordó que ahora de sebe manejar bajo la Ley 906 de 2004.

Una de las decisiones que debía tomarse en la audiencia era la etapa procesal en la que quedará el caso de Uribe y por eso el fiscal aclaró que su investigación no comenzará de cero sino que aprovechará los avances de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, considera que la decisión de la situación jurídica del exsenador sí debe quedar sin efecto.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, se sumó a esa petición y añadió que la medida de aseguramiento que impuso el alto tribunal a su cliente bajo la Ley 600 “pierde eficacia al pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio”. Por eso, dijo, la privación de la libertad en este momento se “torna contraria a la esa ley”.

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Pese a que el fiscal Jaimes Durán destacó que las pruebas recaudadas por el alto tribunal serán utilizadas y serán valoradas legalmente de cara a una eventual imputación contra el expresidente, también desestimó otros momentos del proceso que adelantaron los magistrados.

Por ejemplo, contó que revisó exhaustivamente la indagatoria, del 8 de octubre de 2019, y la consideró desordenada; señaló que en la diligencia no se identificaron los hechos jurídicamente relevantes y que tampoco hubo claridad sobre los delitos por los que se está investigando al expresidente (fraude procesal y manipulación de testigos).

“Tal falencia no solo se advierte desde el punto de vista técnico jurídico sino en particular desde lo fáctico, pues nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio para resolver la situación jurídica del procesado”, dijo, citado por Noticias Caracol.

En la audiencia, el fiscal criticó a los magistrados de la Sala de Instrucción y “dijo que se habría violado el derecho a la defensa del expresidente y que al parecer se habría dado una actuación ilegal”, dijo el informativo, porque no se le expuso al procesado la posibilidad de una confesión o un mecanismo para la terminación anticipada del caso.

Por su parte, la delegada de la Procuraduría respaldó la petición y también pidió la libertad del exsenador, pues señaló que no es procedente la detención domiciliaria.

La jueza deberá evaluar estos argumentos y este sábado daría a conocer su decisión sobre si concede o no en libertad al expresidente Uribe.