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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó este martes en entrevista con 6AMW de Caracol Radio que su despacho radicó dos solicitudes formales ante la Presidencia relacionadas con la situación de Díaz, a quien se le atribuyen graves delitos cometidos tras su designación como vocero de paz en la mesa del Estado Mayor de Bloques y Frentes con el Gobierno Nacional.
Camargo confirmó que la Fiscalía citará formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos, consolidando así la acción judicial contra uno de los principales responsables de hechos criminales ocurridos en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con la fiscal, existen elementos probatorios recabados en distintas investigaciones, así como en los dispositivos electrónicos incautados en 2024, cuando alias ‘Calarcá’ y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.
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La fiscal explicó que esta decisión también responde a cuestionamientos sobre el tratamiento dado en casos similares, como el del Frente 33, en los que se adelantaron imputaciones con órdenes de captura suspendidas.
“La situación es muy parecida y la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar”, afirmó.
En cuanto a los delitos, Camargo advirtió que se trata de conductas de extrema gravedad que podrían constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Entre ellos, mencionó la presunta orden que habría dado alias Calarcá para asesinar a una lideresa social en el Cauca; la instalación de minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia, hecho que dejó siete soldados muertos.
“La continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero. La evidencia que hemos encontrado no es poca”, subrayó la fiscal, al indicar que estos hechos demuestran la persistencia de acciones violentas en territorios que hacen parte de los procesos de paz.
Camargo aclaró que otras líneas de investigación, como una posible infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército, se están tramitando de manera independiente por unidades especializadas de la Fiscalía, debido a su complejidad y al fuero de los implicados.
Según explicó la fiscal, las peticiones al jefe de Estado incluyen que se le retire a alias ‘Calarcá’ su condición de miembro representante, debido al presunto incumplimiento de sus obligaciones.
Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.
Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
La acción más reciente lo evidencia: en la noche del viernes, en Briceño (Antioquia), una facción disidente del Frente 36 —dirigida por alias “Primo Gay” y bajo órdenes de “Calarcá”— detonó una motobomba frente a la estación de Policía del municipio. Aunque en la zona también tiene presencia el Clan del Golfo, las autoridades han señalado de manera preliminar al grupo de “Calarcá” como responsable.
El núcleo de la carta radicada por la fiscal, en la Presidencia, es la denuncia de que los beneficios de paz otorgados a ciertos miembros de grupos armados han sido utilizados para continuar la actividad criminal.
La Fiscalía argumenta que se ha desvirtuado la voluntad genuina de paz por parte de los beneficiarios, entre ellos Alexander Diaz, alias Calarcá.
Camargo, en la carta de cuatro páginas, fundamenta el llamado a imputación de cargos de ‘Calarcá’ en cuatro hitos de violencia extrema cometidos después de recibir beneficios.
El primero de ellos es el homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en Toribío (Cauca), apenas dos meses después de que el responsable recibiera el beneficio.
Otro hecho ocurrió en enero de 2026 en el Guaviare donde fueron asesinadas 26 personas, incluyendo a siete menores de edad. Se destaca que para la Fiscalía no fue un enfrentamiento armado, sino una ejecución.
En la carta se lee que entre 2024 y 2025, alias Calarcá y su grupo disidente de las Farc, registró una actividad criminal sostenida que incluyó 19 eventos explosivos dirigidos contra el sector comercio en municipios como Granada, Villavicencio y Acacías.
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Además, en julio de 2024, se ejecutó un ataque con minas antipersonales en Valdivia (Antioquia), que resultó en la muerte de seis soldados. La Fiscalía sostiene que estos crímenes no son hechos aislados ni simples actos de desobediencia de mandos medios.
Por el contrario, “se acredita de manera concluyente que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, en su rol de máximo cabecilla del “Estado Mayor Central FARC-EP”, ha impartido directrices claras para la ejecución sistemática de delitos, incluso tras la suspensión de sus órdenes de captura.
El ente acusador considera que Díaz Mendoza ha utilizado su estatus de paz para consolidar una hegemonía territorial en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.
“Sus órdenes tienen un nexo causal directo con una estructura de macrocriminalidad que incluye extorsiones, desplazamiento forzado, ataques militares premeditados y delitos ambientales, como la deforestación”, concluye la Fiscalía.
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