El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación, revelada el 31 de marzo, ha despertado una intensa controversia en torno a la suspensión de las órdenes de captura contra 23 líderes de bandas criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. La medida, que responde a una solicitud de febrero formulada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, permite que estos individuos, reconocidos como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), permanezcan libres mientras negocian en la mesa de paz urbana impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía y reportado por El Espectador, la suspensión de las órdenes de captura tiene una vigencia inicial de tres meses. No obstante, esta disposición no implica la excarcelación de personas que ya cumplen condena o tienen medidas de aseguramiento, ya que estas competencias corresponden a los jueces, no al ente acusador. Además, la Fiscalía dejó claro que la medida no protege a los beneficiados ante eventuales capturas en flagrancia por delitos graves, tales como secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos, y su alcance se limita a Medellín, municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, donde se desarrollan los encuentros de negociación.
La decisión fue recibida con resistencia por varios sectores, en particular por críticos del presidente Petro. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron que interpondrán una acción de nulidad para invalidar el beneficio otorgado a estos cabecillas. Paralelamente, la medida coincide con otras discusiones espinosas, como la postura de la fiscal general Luz Adriana Camargo frente a miembros de disidencias de “Calarcá Córdoba”, caso que, según expresó en una entrevista con El Espectador, considera demasiado grave como para continuar en negociación.
Los 23 jefes favorecidos por esta resolución se encuentran asociados con estructuras reconocidas por las autoridades regionales como dinamizadoras de delitos graves, entre ellos la extorsión y el narcotráfico. Figuran nombres como Jesús David Hernández Grisales, alias “Chaparro”, condenado a 46 años de prisión por desaparición forzada, asesinatos y tráfico de drogas; y José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”, uno de los líderes de la banda La Terraza, actualmente en prisión por secuestro. De igual manera, Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, destacado por su influencia en comunas de Medellín y condenado a 36 años, también sigue bajo esta medida pese a sus anuncios de retiro de la mesa de paz urbana.
Durante el conocido “tarimazo”, evento público realizado en junio de 2025 que contó con la presencia del presidente Petro, algunos de estos líderes fungieron como voceros. Entre ellos, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”, quien cumple condena por concierto para delinquir. A la lista se agregan figuras como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, jefe de Los Chatas, y Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”, ambos con antecedentes por delitos de alta gravedad.
Mientras la Consejería de Paz defiende la decisión como una vía para facilitar avances en la reducción de la violencia, la acción de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia podría modificar el panorama. El futuro de la mesa de paz urbana, y con él, parte de la política criminal y de reconciliación en Medellín y su entorno inmediato, está sujeto a controversias y a nuevas decisiones judiciales.
¿Qué criterios utiliza la Fiscalía para definir a los voceros de las estructuras criminales amparados por la suspensión de órdenes de captura?
Esta pregunta surge ante el impacto y las reacciones derivadas de la medida, así como del perfil de los involucrados. Según la información de El Espectador, la selección de los 23 jefes amparados por la resolución se basa en su reconocimiento oficial como portavoces de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), restituidos como interlocutores adecuados durante el proceso de negociación con instancias del gobierno nacional.
El control y la vigilancia de las negociaciones, así como la verificación del rol de quienes asumen la vocería, ha sido un aspecto reiteradamente aclarado por la Fiscalía en diferentes oportunidades. Sin embargo, la definición de esos requisitos y quiénes pueden integrarse o ser retirados de la lista depende tanto de las decisiones tomadas en la mesa de paz urbana como de los criterios técnicos y jurídicos que el organismo investigador determina a lo largo del proceso de diálogo y sometimiento a la justicia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
