La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en la obtención de su título como contadora pública de la Fundación Universitaria San José. Además de la imputación, el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento con detención domiciliaria, que deberá ser sustentada ante un juez de control de garantías en los próximos días.
La información fue confirmada por Deisy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien explicó que Guerrero enfrentará cargos por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En el mismo proceso también será judicializado Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, señalado como uno de los responsables de la expedición de los títulos cuestionados.
“La Fiscalía radicó hoy solicitud de imputación en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable”, explicó la fiscal Jaramillo.
Según el ente acusador, la investigación permitió establecer que los títulos académicos habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, y que posteriormente fueron registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, lo que permitió que fueran utilizados para respaldar la aspiración de Guerrero a un cargo como viceministra de Juventudes en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso tomó relevancia pública precisamente cuando Juliana Guerrero fue postulada para ese cargo, lo que desató una revisión de sus credenciales académicas y abrió un escándalo nacional por la presunta obtención irregular de los títulos.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se practicó una inspección judicial en la universidad, donde se recopilaron documentos académicos y administrativos que indicarían que Guerrero no asistió a clases, no presentó evaluaciones académicas y tampoco habría presentado las pruebas Saber, requisito obligatorio para la obtención de un título profesional en Colombia.
“En la investigación se acreditó que no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta ahora, según lo que está demostrado en el proceso”, señaló la fiscal Jaramillo, quien agregó que existen elementos materiales probatorios que sustentan la tesis de una expedición irregular de los títulos.
#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol radicó imputación de cargos contra Juliana Guerrero y el secretario general de la Universidad San José, por presunta corrupción en la expedición de títulos falsos. Les imputarán fraude procesal y falsedad en documento público. También pidió medida de… pic.twitter.com/nNA5iRaK4R
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 9, 2026
La imputación también recae sobre el secretario general de la institución, quien, según la Fiscalía, es el funcionario encargado de la expedición de títulos por delegación del Ministerio de Educación, por lo que se investiga su presunta participación directa en la elaboración y validación de documentos que no cumplían los requisitos legales.
En paralelo al proceso penal, la propia Fundación Universitaria San José anuló los diplomas de Guerrero, tras concluir internamente que no existía evidencia suficiente de actividad académica que respaldara la expedición de los títulos.
El caso también generó un nuevo frente de investigación luego de que la representante a la Cámara Cathy Juvinao denunciara que al menos 24 títulos expedidos por la misma institución presentarían presuntas irregularidades similares, incluyendo la falta de presentación de la prueba Saber Pro o su realización posterior a la fecha de graduación, lo que contraviene la normatividad vigente.
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La Fiscalía confirmó que un juez de control de garantías deberá definir la legalidad de la imputación y decidir si procede la solicitud de detención domiciliaria contra Juliana Guerrero, mientras avanza el proceso judicial que podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción académica en el país.
Por ahora, el expediente continúa en etapa de judicialización formal, mientras el ente acusador asegura tener pruebas documentales y registros oficiales que sustentan la imputación y las medidas solicitadas.
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