El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El conflicto que actualmente se vive en Santa Marta tiene como protagonistas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y al Clan del Golfo. El trasfondo de esta disputa, de acuerdo con información publicada por El Espectador, es la lucha por el dominio territorial en una región estratégica para el flujo de drogas y la consolidación de economías ilícitas. Además de este contexto violento, la extorsión emerge como un negocio que crece a la sombra del conflicto, constituyéndose en una de las principales fuentes de financiamiento de las ACSN. Se calcula que estas organizaciones criminales controlan cerca del 95% de la extorsión que se produce en la capital del Magdalena, y aunque su verdadera dimensión económica sigue siendo difícil de estimar, su expansión afecta especialmente al sector turístico, vital para la región.
El mecanismo de extorsión implementado por las ACSN es sistemático. Todo negocio local, según los testimonios recogidos por este medio, debe pagar una “matrícula” inicial para poder operar, con cuotas que oscilan entre 300.000 y un millón de pesos colombianos. Mototaxistas, por ejemplo, entregan un pago de registro y abonan además una tarifa semanal. El antropólogo Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, apunta que estas cuotas afectan a gremios vulnerables que, además, terminan sometidos a rutas y normas impuestas por el grupo armado.
Parte esencial de la estructura de extorsión es la labor de los conocidos como “serenos”, habitantes barriales encargados de levantar censos de negocios y tiendas para garantizar el recaudo regular. Por ahora, vendedores ambulantes que comercializan productos como tinto o arepas se mantienen al margen de estos cobros, aunque el peligro de ser incluidos permanece latente.
El turismo, uno de los motores económicos locales, tampoco escapa a la presión extorsiva. En semanas recientes, esta situación precipitó el cierre temporal del parque Tayrona, principal atractivo de la región, luego de que Parques Nacionales Naturales y habitantes advirtieran sobre la creciente presencia de grupos armados y amenazas directas a funcionarios.
El rastreo de los flujos de dinero extorsivo representa otro gran desafío. Entrevistados por El Espectador coinciden en señalar la existencia de cifras oficiales bajas, lo que en ocasiones responde a la presión sobre las autoridades para no elevar sus metas institucionales. Más allá de las estadísticas, la realidad es que los criminales recurren constantemente a pagos en efectivo y a billeteras electrónicas como Nequi, cambiando frecuentemente las líneas telefónicas y los números de las cuentas donde reciben el dinero, con el objetivo de dificultar cualquier seguimiento legal.
El impacto de la extorsión trasciende el sector turístico. Rubros como el bananero, palmero, cafetero, la producción de huevos, el pollo e incluso los cultivos de mango han sido víctimas de exacciones similares, lo que evidencia la magnitud y diversificación del fenómeno en Santa Marta y sus alrededores.
¿Cuál es el impacto de la extorsión en el desarrollo económico local?
Muchos habitantes de Santa Marta y sus áreas rurales dependen económicamente de sectores como el turismo, el comercio minorista y diversas ramas agrícolas. La extorsión sistemática que imponen grupos armados como las ACSN deteriora seriamente estas actividades, generando incertidumbre e incrementando los costos de operación de los negocios. Esta situación desincentiva la inversión y limita las oportunidades laborales, afectando directamente las condiciones de vida de la población local.
En este contexto, la extorsión no solo tiene un impacto inmediato sobre quienes deben pagar las cuotas, sino que también contribuye a profundizar la vulnerabilidad social y económica de la región. El sector turístico, que debería representar una oportunidad de crecimiento sostenible, se ve particularmente amenazado, como se demostró en el cierre temporal del parque Tayrona. Ello plantea grandes retos tanto para la reacción de las autoridades como para la resiliencia de la comunidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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